Un invierno helado para el juez Rafecas

En menos de una semana, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió dos denuncias por mal desempeño contra el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Capital Federal, Daniel Eduardo Rafecas.

El diputado nacional y exvicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Waldo Wolff, denunció al juez federal por su actuación en la causa impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En su presentación, el diputado explicó que “el 26 de febrero de 2015 fue citado al despacho del juez Rafecas en su carácter de vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, junto a su Presidente y su Secretario General”.

En ese contexto, el denunciante relató que el juez les dijo: “Voy a desestimar in limine. Al no estar vigente el instrumento objeto de la denuncia de Nisman no hay delito posible. Además, la denuncia de Alberto es flojita. Y yo considero que Nisman tenía algún problema psiquiátrico. Es más, su secretaria, la Dra. Soledad Castro coincide conmigo. Yo se la presente para que trabajara con él. Fue alumna mía en la facultad”.

“En ese momento el juez tomó de entre una cantidad importante de papeles que había en su escritorio dos carpetas. Las exhibió y nos dijo: ‘Nisman dejó dos escritos con la misma fecha totalmente opuestos en sus fundamentos. Los encontraron en la caja fuerte de su fiscalía. En uno pondera la actuación del Ejecutivo argentino respecto del atentado de la AMIA y pide la captura de los iraníes y en el otro lo critica de manera denodada. ¿A que Nisman le creo?”, continuó la presentación.

De esta manera, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Fernández Kirchner por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA por "inexistencia de delito".

"No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida", sostuvo el fallo.

Sobre este punto, el diputado destacó que "le llamó poderosamente la atención que el juez desestimara la denuncia y no contemplara la apertura de las más de 40 medidas de prueba que había pedido el fiscal Gerardo Pollicita”.

“Habla a las claras de la parcialidad del juez ya que si el consideraba que el Memorándum de entendimiento con Irán no estaba en vigencia y por ese motivo no podía ser objeto de encubrimiento del atentado a la AMIA, y por esa razón no abría la prueba propuesta por el fiscal, ¿cuál fue el motivo para considerar en su resolución elementos que desacreditaban el accionar del Fiscal Nisman? ¿No estaba el juez Rafecas en connivencia con lo que termino siendo a la postre una maniobra oficial orquestada para desprestigiar al fallecido fiscal Nisman?”, cuestionó el legislador en su escrito.

Wolff preparó la denuncia contra Rafecas durante casi un año y medio. El ex vice de la DAIA incluso reveló que en una de las últimas conversaciones teléfonicas que mantuvo el magistrado federal, de fondo se escuchó la voz de una mujer que amenazó de muerte a Wolff, según denunció el propio legislador.

La causa “López”

La diputada nacional Ana Carla Carrizo (UCR) impulsó otra denuncia contra el juez federal por “demorar” la investigación contra el exsecretario de Obras Públicas, José López.

La causa por enriquecimiento ilícito, que derivó en la detención del ex funcionario, comenzó con la denuncia del abogado constitucionalista Ricardo Monner Sanz en el año 2008 y tramita desde entonces ante el Juzgado de Rafecas.

En este sentido, la diputada resaltó que “las investigaciones relacionadas con el enriquecimiento ilícito son terreno propicio para las elucubraciones contables, aun contando los juzgadores con las presunciones de culpabilidad que el tipo penal propone”, y añadió: “Los delitos vinculados a maniobras de corrupción se encuentran sujetos a duraciones excesivas”.

Un trabajo realizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), determinó que “el promedio de duración de los procesos judiciales vinculados a delitos de corrupción supera los 11 años”.

Dicho informe señaló que la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable es la causa determinante de la prescripción de varias acciones penales relativas a estos ilícitos. "Este podría haber sido el destino de la causa si no hubiera sido porque una persona presenció y comunicó los hechos que motivaron la detención”, indicó la denunciante.

En este marco, la diputada subrayó que “8 años en la etapa de instrucción y más de 20 cuerpos de expediente para que la detención surja de un hecho tan burdo y escandaloso como el acaecido en General Rodríguez, pone de manifiesto la obsoleta investigación llevada a cabo por Rafecas y, consecuentemente, la negligencia de su obrar”.

Los antecedentes de Rafecas

Sin embargo, no es el primer expediente que tramita ante el Consejo de la Magistratura. En 2012, Rafecas fue denunciado por su actuación en la causa conocida como “Ciccone Calcográfica” por haber mantenido conversaciones vía WhatsApp con Ignacio Danuzzo Iturraspe, ex abogado del empresario José María Núñez Carmona, amigo del ex vicepresidente Amado Boudou.

Rafecas también fue denunciado por el sobreseimiento del ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Jorge Armando Álvarez, en el marco de la causa donde se investigaban presuntas “irregularidades en la entrega de subsidios”. 

El ex consejero Mario Cimadevilla denunció que Rafecas "no actuó con independencia", ya que “debió haberse excusado de intervenir en ese caso” porque su hermano recibió fondos del organismo durante la gestión de Álvarez.