Los legisladores buscarán convertir en ley la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Entre los cambios más significativos están los criterios para la prisión preventiva, el peligro de fuga, el entorpecimiento en las investigaciones y los plazos máximos para las causas.
La legislatura de Chubut podría tratar en los próximos días la reforma de su Código Procesal Penal, impulsado por el diputado Eduardo Conde, del bloque Cambiemos, que propone discutir los criterios para la prisión preventiva en la provincia y los plazos de duración de procesos que en muchos casos otorgaron impunidad en hechos delictivos.
Uno de los puntos más importante del proyecto de reforma es el artículo 221, de "peligro de fuga", por el cuál proponen considerar especialmente el tipo de hecho y la condena que le corresponde. Por lo tanto, ante un delito con pena de 8 años o más, se debería presumir la existencia de peligro de fuga, dictaminando así la prisión preventiva hasta la conclusión del juicio.
“El juez ponderará especialmente el número de delitos que se le imputaren, el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes, el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, la existencia de condenas anteriores y la alta probabilidad de que el imputado se vincule a otro u otros procedimientos en la misma calidad”, expresó Conde.
Otro de los aspectos que buscan reformar son los criterios del "Entorpecimiento" de la investigación al momento de dictar la prisión preventiva. Para ello, tendrán en consideración "la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; ejercerá intimidación por sí o a través de terceros, sobre la víctima y testigos". Asimismo, "el empleo de violencia o el concurso de dos o más personas para cometer el hecho imputado hacen presumir la existencia de este supuesto”.
Sobre los tiempos de investigación de una causa, buscan ampliar los plazos de 6 a 18 meses para la etapa preparatoria, mientrás que la duración total no podrá exceder los 8 años, excepción de los delitos imprescriptibles. Además, pretenden excluir de la consideración de plazos los tiempos que conllevan apelaciones y situaciones de fuga del imputado.