20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Los problemas de la Justicia ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 158º Período Extraordinario de Sesiones. Durante las reuniones, organizaciones de la sociedad civil señalaron los problemas y condiciones institucionales que afectan a la independencia judicial en Argentina. Además se analizó la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 158º Período Extraordinario de Sesiones (158 PES) en Santiago de Chile. En este marco, se realizaron diferentes reuniones y eventos de promoción de los derechos humanos.

En la audiencia “Situación de la independencia judicial en América del Sur”, las organizaciones peticionarias por Argentina remarcaron la “falta de equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura, la demora en los procesos de selección de magistrados de primera instancia, la arbitrariedad y falta de transparencia en la tramitación de los procesos disciplinarios contra magistrados, y la falta de transparencia y rendición de cuentas a raíz de los obstáculos al acceso a la información pública y las deficiencias del sistema de declaraciones juradas patrimoniales”.

Asimismo, indicaron que a pesar de las reformas, “no se han logrado revertir las sospechas de intervención política especialmente en los procesos de selección y destitución de magistrados, en los cuales también hay altos niveles de discrecionalidad así como demoras, lo que a su vez genera falta de estabilidad”, y añadieron que “no hay transparencia hacia la ciudadanía y que no hay un control disciplinario objetivo y transparente del desempeño de los jueces y juezas”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) destacó que la demora en los procesos de selección sumada a la cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial “ha tenido un fuerte impacto negativo en materia de independencia judicial”.

“Esta situación de vacancia en el 26% de los cargos del Poder Judicial federal ha conducido a la designación sistemática e irrestricta de jueces subrogantes. Por esa razón, y también porque algunos jueces titulares se encuentran de licencia, hay 172 jueces subrogantes ejerciendo funciones6, lo cual representa alrededor del 17% de los cargos totales”.

Respecto a la falta de información, afirmaron que existe una “total falta de transparencia y rendición de cuentas sobre qué es lo que ocurre en 217 expedientes sobre procesos disciplinarios contra jueces” en el Consejo de la Magistratura. Y agregaron: “En Argentina existen diversos obstáculos que dificultan el acceso a la información en la órbita del Poder Judicial”.

Sobre el caso puntual de la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión, la organización opinó que “la independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan afectadas si sus integrantes son designados por decreto, sin discusión pública previa y sin acuerdo del Senado”.

La problemática penitenciaria en Mendoza

En la audiencia “Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Provincia de Mendoza, Argentina”, los participantes expresaron que "a pesar de las diferente medidas adoptadas por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y los compromisos asumidos por el Estado en dicho ámbito, la situación sigue siendo grave".

Durante la reunión, los organismos explicaron que “las soluciones no pueden ser con normas procesales que constituyan un abuso de la prisión preventiva; que debe haber transparencia de la información y participación de la sociedad civil; y que debe otorgarse el Procurador de las Personas Privadas de Libertad los recursos humanos y materiales que permitan su labor de manera independiente e imparcial”.

Por su parte, el Estado expresó su voluntad de cumplir las metas establecidas para contar con un sistema penitenciario ajustado a los estándares internacionales, y anunció la “consolidación de una mesa de consenso de construcción de políticas penitenciarias y extendió una invitación al Relator sobre los Derechos de las Personas de la Libertad para que visite los centros de detención de la Provincia de Mendoza”.


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