El Tribunal firmó una acordada en donde cuestiona el Proyecto de transferencia de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Señaló que en el caso de este fuero se estaría sometiendo “parte sustancial de la economía de toda la Nación a jueces de la Ciudad”.
El Proyecto de Ley que busca terminar con la vigencia de la Ley Cafiero, logrando definitivamente la transferencia de la “jurisdicción, competencia y órganos” del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, suma críticas en el ámbito de los Tribunales afectados.
Pese a que la propia Corte Suprema impulsó a fines del año pasado la transferencia y a una serie de fallos que vienen decretando la inconstitucionalidad de la Ley Cafiero, desde distintos cuerpos no se ve con buenos ojos el traspaso de competencia.
Uno de esos tribunales es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuyos jueces suscribieron una acordada que hace duras críticas al proyecto, señalando que se trata de una “transferencia indiscriminada” que afecta el principio de inamovilidad de los jueces consagrado por el artículo 110 de la Constitución Nacional.
La acordada 17/2016, firmada por los camaristas María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Ferrs, Isabel Miguez, Matilde Ballerini, Ana Piaggi, María Gómez Alonso de Díaz de Cordero, Eduardo Machín, Juan Garibotto, Julia Villanueva, Pablo Heredia, Gerardo Vasallo, Hernán Moncla, Angel Sala, Federico Bargalló, Rafael Barreiro, Alejandra Tévez y Juan Manuel Ojea Quintana.
Para os magistrados, con el proyecto se estarían “desplazando colectivamente varios fueros judiciales de su colocación institucional”, lo que modificaría “sustancialmente el título del ejercicio de la magistratura para esos jueces, con reducción además, de muchos aspectos de su competencia”.
El acuerdo además pone de manifiesto que con el traspaso, el Poder Judicial de la Nación se podría ver expuesto a las consecuencias de la intervención federal, lo que implicaría que estaría “sujeto, en caso de impensados avatares políticos, a circunstancias y presiones”, que atentaría “al especial enclave constitucional que tiene la judicatura nacional”.
Otro punto que resalta la acordada es el referido a los efectos de la transferencia del mismo fuero comercial y su impacto en la economía nacional. El argumento es el siguiente: la mayoría de las empresas en Argentina tienen su domicilio fiscal en la Capital Federal, por ende, los concursos y quiebras se inician ante el fuero Nacional en lo Comercial.
El resultado: se estaría sometiendo a un juez “local” el futuro de empresas que motorizan la economía del país. Con esa hipótesis, la Cámara Comercial adelante que los habitantes de la Ciudad “solventarían una actividad jurisdiccional utilizada por personas radicadas en toda la extensión nacional”, lo que se traduce en un mayor gasto público para el gobierno de la Ciudad, con el consecuente aumento de la carga tributaria sobre el contribuyente.
El fallo de la Corte en autos “Corrales, Guillermo s/ Habeas Corpus”, donde el Tribunal exhortó a las autoridades a que definan el traspaso, fue objeto de críticas por parte de los camaristas, que señalaron que esa manda no tiene efecto ya que se trató de un “obiter dictum”, por lo que no tiene “la autoridad de un fallo”.
Los camaristas señalaron que el argumento de que con el traspaso se mejorará el servicio de Justicia no es más que una expresión de buenas intenciones, que en realidad responderían “ a eventuales designios de manejo de la designación de jueces o de integración de órganos previstos en la Constitución”.
Por el contrario, la Acordada da cuenta de que con el proyecto no se lograrán los objetivos propuestos. “En nada se mejorará la vida del vecino de la Ciudad de Buenos Aires y sólo se alongarían innecesariamente los procesos”, que pasarían a tener una nueva instancia.