Lo resolvió el Ministerio de Justicia de la Provincia, a cargo de Luis Angulo. Se trata de una Comisión de Seguimiento, que tendrá como objeto "la detección, atención y seguimiento de los reclamos efectuados por internos de los Establecimientos Penitenciarios
de la provincia, así como de sus familiares, que pudieran involucrar una posible afectación a los derechos humanos fundamentales de los referidos internos". Su creación obedece a la aplicación en la Provincia de las Reglas Mandela, incorporadas por la Asamblea General de la ONU a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y que ha estipulado "un catálogo de derechos fundamentales de los internos, así como un sistema de contralor basado en la realización de inspecciones, tanto internas como externas". La medida se adoptó por medio de la Resolución N° 88 del Ministerio, y se publicó este viernes en el Boletín Oficial.