Los pedidos, formulados en un escrito de 17 carillas al que tuvo acceso Diariojudicial.com, apuntan a extender la responsabilidad de los efectivos policiales en los casos de lesiones graves y leves en la zona de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, las escalinatas del Congreso de la Nación y el cruce de 9 de Julio y Sarmiento.
En este último lugar, murió un manifestante, Alberto Márquez, y fue herido de gravedad otro, Martín Galli. Por estos hechos, ya están detenidos y con procesamiento confirmado en segunda instancia cuatro efectivos de la División Asuntos Internos de la Policía Federal, entre ellos quien fuera el jefe del organismo, Orlando Oliverio.
Ahora, las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía indican que en el mismo lugar, también el grupo de Asuntos Internos hirió con armas de fuego a otros cuatro manifestantes, ocasionándoles heridas graves a tres de ellos y leves a otro.
Por estos hechos, los fiscales pidieron que se vuelva a indagar a los detenidos (Oliverio, Ariel Firpo Castro, Eugenio Figueroa y Carlos López) y se proceda a la “inmediata detención” de otros efectivos para indagarlos.
Los policías cuya detención pidieron los fiscales son el principal Mario Seia; el auxiliar tercero de inteligencia Horacio Berardi; el sargento primero Carlos Juárez; el auxiliar quinto Sebastián Saporitti y el inspector Pablo Sabino.
Para los fiscales, todos ellos “más allá de quiénes hayan realizado los disparos habrían efectuado un aporte objetivo”, en las acciones que terminaron con los manifestantes heridos.
En esto sentido, la fiscalía se puso en sintonía con lo dicho por la Cámara Federal el 26 de julio pasado, cuando en una extensa resolución –además de cargar las tintas sobre las responsabilidades políticas del operativo policial-, confirmó los procesamientos con prisión preventiva de Oliverio y tres de sus dirigidos.
Por otro lado, los fiscales sugirieron que se realice una rueda de reconocimientos con 15 testigos que estaban en esa zona en el momento de la irrupción de los policías de Asuntos Internos.
Además, y siempre en torno a lo ocurrido en Sarmiento y 9 de Julio, los fiscales le pidieron a Servini que ordene la reconstrucción de los hechos, con la intervención de personal del gabinete de criminalística de la Gendarmería Nacional.
Para ese acto, que a juicio de los fiscales debería realizarse “en un día no laborable” y con luz solar similar a la del momento de los hechos, piden que se convoquen a 19 testigos que ya declararon en la causa y se trasladen al lugar los automóviles que usaron los policías.
En el extenso petitorio, los fiscales relevaron también los hechos ocurridos en la zona de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, donde –a juicio de Evers y Comparatore- ocurrió “el mayor foco de represión”. Allí murieron Diego Lamagna, Marcelo Riva y Carlos Almirón.
Los fiscales dan por probado que los efectivos en esa zona dispararon con postas de plomo y apuntan directamente a la responsabilidad del encargado del operativo en ese sector, el oficial Sergio Weber, a cargo de la subunidad 1 del Cuerpo de Operaciones Federales.
Los fiscales aseguran que “estaba en conocimiento pleno de Weber la falta de municiones de goma”, y que “en su lugar se estaban utilizando postas de plomo”. Para los fiscales, este oficial debe ser indagado por “omisión impropia” porque por su responsabilidad “estaba obligado a evitar las muertes de Riva, Lamagna y Almirón” y lesiones a otros siete manifestantes.
En el Congreso
En otro apartado, los fiscales analizaron los hechos ocurridos en la noche del 19 de julio en el Congreso de la Nación, donde cayó herido de bala Jorge Demetrio Cárdenas, quien recientemente falleció.
Evers y Comparatore pidieron que se indague por este hecho a cinco policías, que dispararon sus armas reglamentarias esa noche. Son el Inspector Daniel Orgeira, de la comisaría 6°; el agente Pablo Segalle y el cabo primero Enrique Sánchez, ambos de la comisaría 9°; el agente Marcelo Brítez, de la 20° y el cabo primero Marcelo Martínez, de la comisaría 8°.
Para los fiscales, los cinco deben ser indagados como autores de “lesiones graves”. “Esta plenamente acreditado en el sumario que ellos no solamente estaban en el lugar, sino que además utilizaron sus armas de fuego reglamentarias provistas”, indica el escrito de la Fiscalía Federal 5.
Además, dejan sentado que se debe acreditar si las heridas que le produjeron a Cárdenas, quien recibió tres disparos a corta distancia, no gravitaron en que finalmente haya muerto, hace quince días. Si tienen relación, los policías podrían ver complicada su relación.
Además, los fiscales entendieron que en el lugar también hubo agresión de manifestantes a los policías y cuatro de ellos resultaron con heridas leves. Por estos hechos están imputados dos manifestantes, Sebastián Palazuelo Cabrera y Marcos Real, quien para Evers y Comparatore deben ser indagados y eventualmente procesados “atentado a la autoridad agravada en concurso ideal con el de lesiones leves”.
Por el mismo hecho se debía imputar también a Cárdenas, para quien se pidió se de por extinguida la acción penal, tras su fallecimiento.