Contundente. Fue el análisis que hizo el adalid del moñito en la justicia, el juez en lo penal económico Julio Cruciani quien vapuleó sin misericordia la actual política criminal en materia de combate a la evasión llevada adelante por los últimos gobiernos y el actual congreso. “Histérica y prostituta” fueron los adjetivos calificativos que el veterano juez le endosó a la actual ley penal tributaria ya que como se verifica en tribunales, todos los políticos de turno se llenan la boca diciendo que hay que aplicar mano dura a los evasores pero ni bien terminan de decirlo corren a sancionar moratorias y perdones varios. El colmo de esta conducta esquizofrénica es la sanción de la amnistía tributaria contenida en la ley 25.401 que ata de manos a los fiscales y a los jueces aún estando frente quienes se valen de doble contabilidad, facturas falsas y todo tipo de ardides registrales. Parece que la necesidad de recaudar está por sobre la potestad estatal de aplicar penas a los evasores.
Consejo. Alejado desde hace tiempo de las primeras planas de los diarios, este organismo que está por cumplir sus primeros 4 años de vida, se dispone a afrontar el primer proceso de renovación de sus autoridades. En este abanico electoral, en la representación de los jueces, ante la división de los blancos, Kiper se perfila como seguro ganador. En la de los abogados, May Zubiría está pulseando por su reelección, y en la de los académicos, José Luis Gemignani está generando un fuerte consenso entre sus pares del interior. Se pondrá a prueba el grado de fortaleza y reconocimiento institucional que ha podido lograr este nuevo organismo constitucional en tan poco tiempo de vida. Curiosamente, cuando todos los ojos están puestos en las próximas elecciones, a nadie pareció importarle cubrir las vacantes que se fueron produciendo. Ya son tres: Usandizaga por el Senado, Fernández Moores por los jueces, y el representante del Poder Ejecutivo que por ahora no aparece en la agenda de Duhalde, más allá del Travieso amague de Vanossi, de nombrar a un hombre de Melchor Cruchaga como representante del gobierno peronista.
Disgustado. Así se lo puede ver al personal de intendencia del Palacio de Tribunales que se encarga de mantener en condiciones las instalaciones del edificio histórico ubicado en Talcahuano 550, porque durante las distintas protestas que se llevan a cabo en el lugar los manifestantes tomaron la costumbre de dejar duros mensajes, en donde no faltan insultos, en las paredes del inmueble. Como consecuencia, los improvisados pintores tienen que ir casi todos los días, con sus baldes de cal y sus pinceles, bastante gastados de por sí, a volver a poner en condiciones el edificio judicial más importante de la Argentina. A la hora de repartir culpas no dudan en cargar sus tintas contra los policías, “no puede ser, cierran las puertas, se quedan adentro y pueden ver perfectamente como arruinan las paredes que después tenemos que volver a pintar y pintar”. Todas las tardes a eso de las 17:00 se puede ver como los pintores se dedican a arreglar los desarreglos que sufre la fachada de la construcción. Por lo menos les podrían comprar pinceles nuevos, ¿no?