Luego de que se publicara la información de que los ministros de la Corte Suprema podrían volar en primera clase a precio de clase turista, el Máximo Tribunal emitió un comunicado aclarando que “no ha solicitado privilegio alguno para sus miembros a empresa aerocomercial alguna o de otra naturaleza”. Las reacciones en Diputados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo público un comunicado, a través del Centro de Información Judicial (CIJ), en el que señala “que no ha solicitado privilegio alguno para sus miembros a empresa aerocomercial alguna o de otra naturaleza, ni tampoco a otro poder del Estado. Los vínculos institucionales se realizan mediante convenios que son publicados, como es tradición de este tribunal”.
La polémica empezó el último domingo, en el medio del debate judicial por el “tarifazo” que tuvo al Máximo Tribunal en el centro de la escena debido a los pedidos de “per saltum” formulados por el Estado Nacional para que la Corte defina la cuestión sobre la legalidad de los aumentos, y a que el presidente del Cuerpo, Ricardo Lorenzetti, tuvo una reunión privada con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el mismo día que la Corte pidió información sobre los amparos contra las subas en las tarifas.
Horacio Verbitsky publicó en su columna del diario Página/12, titulada “una dádiva oportuna” que el gobierno nacional dispuso “una dádiva para los cinco miembros del tribunal”. “El 9 de julio el Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido”, señaló el periodista.
El privilegio consiste en que los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz “tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva” sujeto a espacio en los vuelos de la empresa.
Verbitsky incluso señaló que la situación configuraba el delito de dádivas, contemplado en el artículo 257 del Código Penal, que castiga con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, al “magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”.
El periodista también encuadró el caso dentro del tipo penal contenido en el artículo 259 del Código, que reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, al funcionario público “que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”.
Aclaraciones y diversas reacciones
En el portal de TN noticias, señalaron que un “vocero” de Aerolíneas salió a aclarar que la medida se tomó a pedido del Estado Nacional, en su carácter de socio mayoritario de la línea de bandera.
“Respecto a los viajes de carácter oficial de los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Aerolíneas Argentinas ha recibido una solicitud especial del Ministro de Transporte de la Nación requiriendo que, por razones de protección a la investidura y jerarquía del cargo que los mismos detentan, se les dé tratamiento y ubicación de la clase superior que el vuelo respectivo permita tras develarse el dato”, reza la carta en la que se dan razones sobre el pedido.
Tras conocerse la situación, varios legisladores solicitaron a los supremos que renuncien al privilegio. Una misiva firmada por diputados nacionales, integrantes del bloque “Peronismo Para la Victoria” pidieron “que en un gesto de respeto por las instituciones republicanas renuncien públicamente al beneficio dispuesto por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas que otorga a los ministros de la Corte Suprema derecho upgrade a clase ejecutiva en los vuelos de dicha empresa, o bien aclaren las circunstancias que son de público conocimiento respecto del otorgamiento de tal beneficio”.
La carta, que fue firmada por los legisladores Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Silvia Horne, Lucila De Ponti, Andrés Guzmán y Araceli Ferreyra, pone énfasis en que la difusión de la noticia de los privilegios en los vuelos se produce “en el marco de importantes asuntos de interés pública y de relevancia institucional que el Excmo. Tribunal debe resolver, y en particular ante el desarrollo de reuniones privadas entre el Presidente de la República y el Presidente de esta CSJN en el contexto del per saltum solicitado por el PEN en la causa iniciada por ‘Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza” así como el inminente ingreso a tratamiento por parte de la CSJN, de las causas iniciadas por ‘CEPIS’ y ‘Walter Abarca’ en la Justicia Federal de La Plata”.
Los legisladores se adelantaron a los sucesos, es que en estas últimas causas, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que anuló los aumentos de gas y suspendió los de electricidad, habilitó la feria para la sustanciación de los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional, pero aún no definió si concederlos o no. Sin embargo, debido relevancia del fallo “CEPIS”, que anuló las subas en todo el país, se estima que la Corte “tome” ese caso para resolver definitivamente la cuestión.