Tras la polémica por el intercambio de datos entre la Jefatura de Gabinete y ANSES, ahora surgió la noticia de que existe un convenio idéntico, pero respecto a las bases de datos del PAMI. “Dicha información será utilizada a fin de mantener informada a la población”, asegura el Convenio. Los detalles.
El debate sobre el uso que le dará la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de los datos contenidos en la base de la ANSES, que implica el acceso del Poder Ejecutivo a nombre, domicilio, DNI, CUIT/CUIL, correo electrónico y teléfono de casi 32 millones de argentinos, ahora suma un nuevo capítulo.
Es que se dio a conocer que la Jefatura de Gabinete y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) suscribieron en junio un convenio de transferencia de datos del mismo tenor que el firmado con el organismo previsional.
La resolución 1005 del PAMI, de junio de 2016, dada a conocer este jueves por el diario Clarín, lleva la firma de Carlos Regazzoni, titular de PAMI, y aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Comunicación, dependiente de la cartera dirigida por Marcos Peña, y el instituto de jubilados.
En sus considerandos, Regazzoni sostiene que el intercambio de información “será procedente en tanto no resulte distinto o incompatible con la finalidad que motivó la obtención de dicha información por parte de este Instituto”.
Las cláusulas contenidas en el convenio tienen un contenido similar al firmado con ANSES, publicado el último miércoles por Diario Judicial, aunque con algunas precisiones sobre el carácter de los datos, y obligaciones específicadas.
En ese sentido, la cláusula primera declara que PAMI facilitará a Comunicación Pública “el intercambio de información contenida en sus bases de datos consolidadas”, acordando que esa información “será utilizada a fin de mantener informada a la población, así como para identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.
Las partes del convenio, recalcan que los datos obtenidos “sólo serán utilizados con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno, y con mensajes de utilidad pública que le resulten de relevancia, procurando en este punto lograr la mayor precisión posible”.
Como ocurrió con ANSES, desde ambos lados se intenta ser los más cauteloso posible en relación con la utilización de los datos y las posibles violaciones a la Ley de Habeas Data.
Es por ello que en una de las cláusulas, las partes del Convenio “se comprometen a efectuar el tratamiento de los datos personales objeto del presente convenio en un total acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 25.326”.
Según detalla el Anexo, ambas partes “han analizado la naturaleza de los datos y su tratamiento previsto, concluyendo que los datos cumplen razonablemente con los requisitos de ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad y, en particular, han verificado que la información a intercambiar no reúne la calificación de sensible o especialmente protegida, y que su tratamiento no afecta ni pone en riesgo la intimidad o el honor de los titulares del dato”.
El Convenio indica que la Secretaría de Comunicación se compromete “a no proceder al intercambio y cruzamiento de los datos de las personas, cuando el resultado de tal acción por parte de los firmantes, implique la obtención de información relativa a la orientación religiosa, política, sindical, sexual y/o toda otra, de carácter sensible, que afecte la privacidad del titular del dato, a menos que pudiera realizarse, con fines estadísticos o científicos, sin identificación de sus titulares”.
Este último apartado, ausente en el convenio con ANSES, establece un límite difuso a la utilización de datos, es el que mayor polémica, a priori, puede generar. Con el objeto de despejar dudas respecto de cómo serán calificados los datos, otra cláusula del convenio resuelve otorgar a todos los datos que se procesen, el carácter de confidenciales.
Pese a todos los recaudos declarados, por la firma del Convenio entre la Secretaría de Comunicación Pública y la ANSES, legisladores del Frente Para la Victoria-PJ iniciaron un amparo colectivo para que se anule la resolución que lo pone en marcha. Además, los legisladores Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, denunciaron a Marcos Peña, al titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, a su subdirector ejecutivo, Federico Braun, y al secretario de Comunicación Pública, Jorge Greco, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este jueves, en declaraciones a Radio Mitre, Peña justificó la firma de los convenios, señalando que es "absolutamente transparente y legal, y que es costumbre". "Por ahí estos diputados no saben que la ANSES durante el gobierno anterior hizo más de 40 convenios de cesión de datos de contacto a gobiernos provinciales y empresas privadas como Banelco, por ejemplo” señaló el Jefe de Gabinete.