Es porque habría ocultado a sus acreedores al menos 17 inmuebles, a través de sociedades fantasmas y testaferros. El juez de Instrucción Gustavo Pierretti lo procesó junto a otros ocho imputados y dispuso la traba de embargo sobre sus bienes por la suma de 57 millones de pesos. En su resolución, el magistrado reconoció que había "elementos de convicción suficientes" para acreditar “la esforzada y prolija artimaña pergeñada por Giordano a la cabeza", cuyo fin era "frustrar los derechos de la masa de acreedores”. El instructor tuvo por comprobado el vínculo "entre accionistas y representantes entre las sociedades entre sí y con Roberto Giordano" la ausencia "de actividad comercial de las sociedades y la imposibilidad de los socios para adquirir los bienes", y que Roberto Giordano "era y siguió siendo dueño de las propiedades que fingió transmitir a otros o que otro adquirió a su nombre”.