La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación solicitó al Congreso de la Nación que conforme la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación para auditar y controlar el organismo comandado por Alejandra Gils Carbó. “En tres años se duplicó el personal del Ministerio Público, pero las fiscalías mantienen la misma cantidad de empleados", destacaron desde la UEJN.
A raíz de los nombramientos realizados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó al Congreso de la Nación que conforme la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
Entre sus funciones, la Comisión podrá requerir al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Nación “información respecto a su gestión, funcionamiento institucional, administración general y financiera”. También podrá “controlar la ejecución del presupuesto y elaborar un informe con propuestas y recomendaciones para la mejora en la ejecución del mismo”.
A través de un comunicado, la UEJN calificó de “escandalosa” la situación del organismo. “Gils Carbó está utilizando los recursos públicos para hacer ingresar de manera desenfrenada e ilegal cientos y cientos de militantes políticos sin experiencia en la Justicia, a quienes -violando groseramente la carrera judicial- se les otorga cargos de Oficial, Jefe de Despacho, Prosecretario, Secretario y Subsecretario Letrado, según cada caso”, destacó el documento.
“Para la procuradora siempre existieron dos Ministerios Públicos: el que ‘heredó’, conformado por empleados administrativos, ordenanzas, gente de carrera que trabajamos desde hace años en los fueros federal, menores, laboral, de instrucción y correccional, y aquel que ella se propuso crear desde cero, sin respetar el ingreso democrático, con gente afín, que le responde sin criticas, ni cuestionamientos”.
Desde el gremio que agrupa a los empleados judiciales señalaron que la Comisión Bicameral puede "controlar y auditar" el funcionamiento del organismo, ya que en los últimos años “no fue auditado por la Auditoría General de la Nación”.
También destacaron que “no se puede acceder libremente a las resoluciones, por ejemplo, para saber el estado de los nombramientos”, y añadieron: “A medida que controlamos nos encontramos con nombramientos tras nombramientos en áreas donde tal vez no son necesarios, de personas que no tienen carrera y que ingresan en cargos altos, es decir cargos de Oficial Mayor en adelante. Estamos hablando de empleados que entran cobrando arriba de 35 mil pesos”.
Por otro lado, resaltaron que la Procuración se niega a entregar el padrón de empleados del organismo para que la Comisión Interna pueda celebrar elecciones. “Más allás de poder realizar las elecciones, con el padrón tendríamos la cantidad de empleados que se sumaron en la gestión. De un promedio de 2500 empleados en el año 2013, hoy calculamos que son alrededor de 6 mil”.
“En tres años se duplicó el personal del Ministerio Público, pero las fiscalías mantienen la misma cantidad de empleados. Es alarmante, ya que hay fiscalías colapsadas y, sin embargo, a la hora de pedir personal no hay”, afirmaron desde la UEJN a Diario Judicial.