El Consejo de la Magistratura aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico financiero del 2017. Entre los puntos más importantes, el Cuerpo contempló la dotación de personal para la Cámara Federal de Seguridad Social e interior del país destinados al “trámite de homologación judicial de Acuerdos de Reparación Histórica”. La suma total estimada asciende los 27 mil millones de pesos.
El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico financiero del 2017, el cual asciende los $27.270.599.397 de pesos, es decir una suma considerablemente superior en comparación con el año anterior. Para su preparación, los consejeros evaluaron las necesidades del Poder Judicial de la Nación, a partir de los “requerimientos de los distintos tribunales del país”.
Entre las aspectos más importantes, se contempló la dotación de cargos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires; y el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Catamarca y la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N ° 1 de Catamarca.
Asimismo, se incluyeron los “requerimientos de cargos para el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial”, como también el “incremento de la planta de personal de diversos fueros como consecuencia de los requerimientos de las jurisdicciones, contemplando adicionalmente la creación del Cuerpo de Auditoría de Sistemas”. Los consejeros también consideraron los funcionarios y empleados para cada sala y juzgado de la Cámara Federal de Seguridad Social e interior del país destinados al “trámite de homologación judicial de Acuerdos de Reparación Histórica”.
En base de la escala salarial aprobada por Acordada 17/16 de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo estimó los incrementos por futuros acuerdos salariales. En este sentido, sólo los gastos relativos al personal ascienden a la cifra total de $24.329.849.744.
En cuanto a los servicios no personales, se contempló la necesidad de contar con crédito suficiente para atender las reparaciones y mantenimiento de edificios y locales. De este modo, el proyecto contempla un “programa de inversiones en las obras de infraestructura, que abarca un período de tres años”, ordenando prioritariamente las necesidades a cubrir el próximo año.
A su vez, el Consejo incluyó los “gasto en servicios básicos, alquileres de edificios y locales, mejorar la seguridad integral mediante efectivas guardias de vigilancias y el servicio de mantenimiento de los diversos rubros de infraestructura tecnológica y de comunicaciones”.
En materia de infraestructura, se consignaron fondos para la adquisición de inmuebles para las sedes de los Juzgados Federales de Santa Fe N ° 1, Goya, Civil y Comercial de San Martín N° 1 y 2, Concordia, Venado Tuerto, Libertador General San Martín, San justo, Lomas de Zamora, entre otros.
Frente a las diferentes necesidades edilicias, el Consejo incluyó la ejecución de un plan de obras distribuido en todo el país, el cual comprende “obras de rehabilitación de la infraestructura existente que implica acciones tendientes a detener los deterioros constructivos de los inmuebles fundamentalmente sobre la envolvente exterior y las instalaciones especiales”.
Así, se programaron obras de “conservación o restauración de fachadas, de cambio de techados, de renovación y actualización de tendidos eléctricos y sus correspondientes tableros, de renovación de instalaciones de acondicionamiento técnico y de renovación de instalaciones sanitarias”.
El Cuerpo también apuesta a la “refuncionalización” integral de algunas estructuras "sin deterioros constructivos a solucionar”, pero que presentan “desajustes funcionales en la utilización de las superficies", por lo cual se prevén obras de remodelación interna para "optimizar las áreas asignadas a los distintos organismos”.
De igual forma, los consejeros incorporaron al presupuesto la creación de nuevos inmuebles, a los fines de “la obtención de nuevas superficies para atender las crecientes necesidades de espacio de las actividades judiciales, por medio de la construcción de edificios en terrenos libres, la continuación de obras en estructura a medio construir o la remodelación integral en inmuebles desafectados al uso por su alto grado de deterioro”.
Por otro lado, el presupuesto incluyó la construcción de nuevos edificios para la instalación de “Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil y otras dependencias judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Federal de Rosario y los Tribunales Federales de Neuquén”. Sobre este punto, los consejeros cuestionaron la designación de créditos para edificios que luego podrían ser parte de la transferencia de la Justicia ordinaria nacional a la órbita porteña.
También se destacaron las obras previstas en la “Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en los Tribunales Federales de Paraná y en el Juzgado Federal de Junín”, y se disponen créditos para “continuar con la ejecución de las obras públicas de Posadas y Resistencia”.
Por último, se consideró la adquisición del inmueble sito en la calle Paraná 380/86, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho edificio es uno de los 17 inmuebles y terrenos pertenecientes al Estado que fueron puestos a la venta por el Gobierno.
El presupuesto será enviado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que junto al suyo, lo remitirá al Poder Ejecutivo para incorporarlos al Nacional, a la espera de la aprobación del Congreso.