La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la extensión de la figura del arrepentido a nuevos casos que no están contemplados en el Código Penal y la Ley de Flagrancia que busca un proceso judicial acelerado para las personas que son sorprendidas cometiendo un delito. Ambos proyectos ya tenían media sanción en Diputados.
En la actualidad, la figura del arrepentido aparece contemplada en el Código Penal para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico. Luego de las numerosas denuncias por casos de corrupción que ocuparon el centro de la escena, el proyecto de ley impulsado por el Frente Renovador fue aprobado y contemplará también a los casos de corrupción, delitos del Código Aduanero y asociación ilícita.
El objetivo de esta ley es que el arrepentido obtenga beneficios procesales, con excepción la extinción de la pena, si logra aportar información meritoria para la Justicia, según el delito por el que se lo juzgue. El proyecto establece que la figura no se aplicará a las personas que están sujetas a juicio político, o sea, presidente, vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo y jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Senadores del bloque político Cambiemos, en consenso con una parte del Frente Para la Victoria, introdujeron algunos cambios sustanciales a la letra original de la iniciativa original, como el lapso de tiempo que tendrá el acusado para ejercer su derecho a arrepentirse: entre su imputación y antes del auto de elevación a juicio o acto procesal equivalente. Asimismo, la información que aporte "deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del arrepentido".
La manera de procedimiento será por escrito entre el imputado y el fiscal especificando el tipo de información que aportará, con detalles de tiempo, modo y lugar de los hechos. Además, deberá suministrar datos concretos, como números telefónicos, entidades financieras utilizadas para transferir fondos ilícitos, etc.
Como el proyecto de ley obtuvo dictamen favorable, volverá a la Cámara Baja para un nuevo tratamiento de las modificaciones realizadas para posteriormente lograr su sanción definitiva.
En plena labor parlamentaria, hubo voces a favor y en contra de la aprobación de la ley. El senador Nacional por Formosa, Luis Naidenoff se expresó a favor y sostuvo que "esta figura fue la que facilitó la investigación en Brasil del escándalo de Petrobras y la investigación en la FIFA", y que "la ampliación más fuerte a la figura del arrepentido sería contra los delitos contra la administración pública".
En contraposición, Silvina García Larraburu, Senadora por Río Negro dijo que existe hay una deficiencia de técnica legislativa porque "le vamos a estar dando al imputado la posibilidad de que se 'arrepienta' por capítulos, así durante tres o cuatro años", y destacó que "esta figura existe y quienes integran el Poder Judicial han dicho que no ha sido eficiente por múltiples y diversas razones".
Por su parte, la senadora nacional santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, rechazó hoy la incorporación de la figura del arrepentido en los casos de corrupción al igual que su par, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Pino Solanas fue la voz de las posiciones más neutrales y sostuvo que le parecieron "muy buenas las observaciones al proyecto que se realizaron en los plenarios y que el debate merece la pena "si se va a desinfectar el complejo de inteligencia, con un control parlamentario en serio". Además, adelantó su voto negativo contra la Ley de Flagrancia.
Por otro lado, se aprobó también la Ley de Flagrancia que busca un procedimiento de juicio abreviado para aquellos casos donde el delincuente es descubierto al momento de cometer el delito, y aspira "dar respuesta la alto índice de criminalidad y de reincidencia”, explicó Patricia Bulrich, ministra de Seguridad, cuando presentó el proyecto en el Congreso.
El mecanismo fijado establece que el detenido sea llevado inmediatamente ante el juez y dentro de las 24 horas se realizará una audiencia oral. En esta primera audiencia deberá asistir la persona que está imputada, su defensor, el juez, el fiscal y la víctima, si quisiera. Esto se realizará para que la persona que ha cometido el delito tenga una resolución rápida y se podrá aplicar para los ilícitos que tengan penas mayores a 15 años. “Esto generaría una solución procesal, clara, concreta, con mucha experiencia en muchas provincias", remarcó la ministra.
Se debate en el recinto también la Ley de acceso a la información pública, la reducción del IVA a medios digitales y la rebaja de los valores de las comisiones de tarjetas de crédito y débito.