Lo resolvió la Cámara de Acusación de Córdoba, al convalidar el requerimiento de citación a juicio formulado por el fiscal Raúl Garzón respecto de efectivos de las fuerzas de seguridad Provincial, imputados por los acuartelamientos de principios de diciembre de 2013, que generaron numerosos incidentes, entre robos y saqueos. El fallo de la Alzada reconoce como “manifiesto y grave” la modalidad de protesta escogida por los imputados, y la “intolerable nocividad social del hecho”.