El proyecto para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen favorable en Diputados. La iniciativa concede nuevas y amplias facultades a la Comisión Bicameral del Ministerio Público para revisar las designaciones de fiscales que se realizaron en los últimos años. También acorta el mandato del procurador a cinco años, con la posibilidad de ser reelegido.
En el marco de un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, los legisladores dieron visto bueno al dictamen del proyecto para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el límite temporal para la figura del procurador. El proyecto establece que el cargo del procurador general durará cinco años, con la posibilidad de ser reelegido. De esta manera, la propuesta parlamentaria pone fin al mandato de procuradora Alejandra Gils Carbó, cuya continuidad se resolvería finalmente en la Justicia.
Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO, afirmó que “no le preocupan las impugnaciones judiciales en el futuro”, por considerar que “no hay objeción constitucional o legal para que el actual mandato se transforme en un mandato con plazo determinado".
La iniciativa también concede nuevas atribuciones a la Comisión Bicameral del Ministerio Público, presidida por Graciela Camaño. Sobre este punto, los legisladores calificaron de “excesiva” la facultad de revisar y aprobar "todas las designaciones de fiscales coordinadores de distrito y titulares de procuradurías especializadas; unidades fiscales especializadas y direcciones generales realizadas por mecanismos distintos a los que establecerá la nueva ley”.
Al respecto, Graciela Camaño expresó: “Debemos tener una Procuración que vaya mas allá de un procurador o procuradora”. Y agregó: “La Comisión Bicameral es una vieja deuda que hemos saldado. Cuando pensamos en una institución no tenemos que pensar en poner a nuestros amigos; tenemos que pensarlas para siempre".
El nuevo texto le quita al procurador fiscal la facultad de presentar ante el Poder Ejecutivo las ternas de candidatos a ocupar cargos en el Ministerio Público Fiscal, ya que ahora será el Consejo General, quien también podrá designar a los funcionarios interinos en los cargos vacantes hasta las designaciones definitivas. Dichas designaciones deberán ser aprobadas por la Comisión Bicameral, que tendrá diez días hábiles de plazo para expedirse.
La propuesta mantiene las procuradurías actuales -Crímenes contra la Humanidad, Investigaciones Administrativas, Trata y Explotación de Personas, Violencia Institucional, Narcocriminalidad y Ciberdelincuencia- y divide la de Lavado en Delitos Económicos y Lavado y, además, se agrega una de Terrorismo. También se eliminó la propuesta de las figuras de los subprocuradores generales en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado.
Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer destacó que “el proyecto inicial era imposible de votar”, y añadió: “Este nuevo borrador recoge las críticas, y el sentido del proyecto ha cambiado notablemente”. Por el contrario, el dirigente y legislador Néstor Pitrola opinó que la reforma “no va aportar a la seguridad ciudadana y no responde a los problemas”.
Durante el debate, el bloque del Frente para la Victoria manifestó que la ley "tiene nombre y apellido”. En este sentido, la diputada por el FpV María Emilia Soria consideró que “la finalidad política es el desplazamiento de la procuradora”, y se preguntó: “Si Gils Carbó tiene tantas falencias, ¿Por qué no avanzamos en un juicio político?”.
"Cinco años es un plazo insuficiente para llevar adelante el organismo”, sostuvo la legisladora y remató: “Propusimos siete años como en la Ciudad de Buenos Aires. Mismo cargo que ocupó el Ministro de Justicia, Germán Garavano”.