El Senado de la Nación aprobó el proyecto que sanciona el desvío de precursores para la producción de estupefacientes y así se crea el Consejo Federal de Precursores Químicos. La promulgación de la ley fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Los detalles de la normativa.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que penaliza el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes y crea el Consejo Federal de Precursores Químicos que analizará cuestiones referidas a los contenidos de las listas de sustancias y productos químicos, realizará propuestas, confeccionará informes e investigaciones que indaguen respecto de la dinámica, evolución y surgimiento de nuevos precursores químicos y mezclas.
La promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, bajo el Decreto 1115/ 2016, con la firma del presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Maros Peña y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El Consejo también mantendrá actualizado un mapa federal que caracterice regionalmente los principales aspectos de las problemáticas vinculadas esta temática, propondrá políticas públicas, normativa, protocolos, procedimientos y mecanismos tendientes a mejorar el control de los precursores.
Esta nueva medida, que modifica la Ley de Estupefacientes, preve una pena de prisión de 4 a 15 años de prisión para quien "sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas, guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia para fabricar estupefacientes" y establece que el Poder Ejecutivo "elaborará y actualizará periódicamente listados de precursores, sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes".
Asimismo, penaliza a quien ingrese “en la zona de frontera o desviare de los canales legales regulados por la normativa”, productos y sustancias químicas “esenciales para la producción ilegal de estupefacientes”.
El proyecto fue sancionado con 63 votos a favor y venía de una segunda revisión de la Cámara de Diputados. De esta manera, se suma al conjunto de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo para la lucha contra el narcotráfico.