Una investigación iniciada por la delegación Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP terminó con el dictado del procesamiento de 25 personas por el delito de asociación ilícita fiscal y se transformó en la causa de evasión tributaria más importante de la Provincia, que implicó que el Estado deje de percibir cerca de $160 millones. La medida fue adoptada por el juez federal Marcelo Garnica, quien encontró acreditado con la verosimilitud requerida en ese estado del proceso, que los imputados, integrantes de un estudio contable habrían ofrecido y distribuido a contribuyentes facturas apócrifas, utilizadas por contribuyentes para generar "crédito fiscal espurio o simulación de costos", lo que les permitía reducir la base de cálculo.