La Comisión de Reglamentación aprobó un proyecto para la descentralización administrativa a fin de solucionar las dificultades de aprovisionamiento y suministro de diferentes bienes, servicios e insumos en los Juzgados y Tribunales de todo el país. También se dio visto bueno a un protocolo para la administración, control y publicidad de la asignación de causas del sistema de gestión judicial.
Los problemas edilicios, la falta de muebles, insumos y servicios son temas recurrentes en los Juzgados y Tribunales de todo el país. Ante dicha situación, la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación dio visto bueno a un proyecto de descentralización administrativa para el aprovisionamiento y suministro de diferentes bienes, servicios e insumos indispensables para el regular funcionamiento de las dependencias.
El proyecto, impulsado por el consejero-juez Leónidas Moldes, otorga mayor autonomía a las estructuras intermedias del Poder Judicial con el objeto de “descentralizar decisiones sobre la provisión de bienes, insumos y servicios para los distintos tribunales y organismos”.
De esta manera, la iniciativa dota a dichos tribunales de "una mayor autonomía de gestión" para la satisfacción de necesidades mediante un sistema que delega ciertas funciones. Según sus fundamentos, “los procedimientos administrativos con la debida intervención de los distintos sectores que participan de cada trámite, resulta incompatible con la gravedad o la urgencia de las necesidad”.
A los burocráticos y largos trámites administrativos, se suma la extensión territorial, diversidad regional y complejidad geográfica de la estructura del Poder Judicial. A su vez, las demoras para concretar los procesos de adquisición de los bienes, servicios e insumos necesarios, generan “reiteradamente solicitudes de asignación de partidas especiales a fin de procurar su inmediata satisfacción”.
“Esto conspira con la eficiente gestión de los recursos, en tanto la gestión y asignación de dichas partidas conlleva un mayor trámite administrativo en detrimento de la agilidad, eficiencia y economía procesal que debe primar en tales procedimientos”, sostuvo el consejero.
De igual forma, manifestó que “se verifica asiduamente que los pasos necesarios impuestos para los procesos de adquisición de bienes y servicios no ofrecen rapidez a las soluciones requeridas por los tribunales”, y destacó “la insuficiencia del sistema actual debido al alto grado de concentración de las decisiones, aún en trámites administrativos de mediana o pequeña complejidad o envergadura económica, para satisfacer las necesidades generales de las provincias o dentro de la Ciudad”.
Durante el debate en la Comisión, el diputado y consejero Gustavo Valdés explicó que “todos los días surgen pequeñas obras, por ejemplo, salidas de incendio o reparaciones de cielo raso”, por lo que sostuvo que el proyecto “da mayor dinamismo al Poder Judicial y federaliza los recursos”.
A continuación, los consejeros aprobaron un protocolo de “administración, control y publicidad del modulo de asignación de causas del sistema de gestión judicial”. El proyecto, que lleva la firma del consejero-juez Luis María Cabral, busca auditar y trasparentar las designaciones a raíz de la denuncia por presuntas irregularidades en el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.