El Plenario del Consejo aprobó la reestructuración del área de Tecnología y de Seguridad Informática a raíz de las presuntas “irregularidades” en los sorteos de las causas judiciales. También se desestimó una denuncia presentada por Néstor Mangeri contra los integrantes del Tribunal que lo condenó a prisión perpetua por el asesinato de Ángeles Rawson.
Después de varios idas y vueltas, el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó una serie de medidas para resolver la situación originada en el área de Tecnología y de Seguridad Informática a raíz de las denuncias por presuntas “irregularidades” en los sorteos de las causas y los “inconvenientes” suscitados en el servidor.
De esta manera, los consejeros aprobaron la reestructuración del área de Tecnología y de Seguridad Informática. En la argumentación de su propuesta, el presidente del Cuerpo, Miguel Piedecasas, señaló la “complejidad de la temática”, pero destacó “la necesidad de reformular el área y así avanzar en la problemática vinculada a la seguridad como uno de los principios de desarrollo de mayor importancia”.
La iniciativa, que fue aprobada por mayoría, convierte la Subdirección de Seguridad Informática en una Dirección y, además, genera un órgano de control dependiente del Cuerpo de Auditores. Respecto a las funciones del Pleno, se crearon dos unidades para la modernización y seguimiento. “Los consejeros podrán participar en un espacio institucional para el tratamiento de la problemática (…)”, dijo Piedecasas.
En la Comisión de Reglamentación, el consejero-juez Luis María Cabral presentó un protocolo de “administración, control y publicidad del modulo de asignación de causas del sistema de gestión judicial” para auditar y trasparentar las designaciones y sorteos. El consejero reconoció que "todo sistema puede tener alguna vulnerabilidad", pero aclaró que “la asignación de causas deber ser objetiva y no presentar sospechas”.
El sistema de sorteos de causas judiciales sumó una nueva denuncia en las últimas horas. Esa vez, se conoció un presunto “error" durante la designación de un expediente por la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Meses atrás, se denunciaron “irregularidades” en el sorteo del expediente por la muerte del fiscal Alberto Nisman y, por su parte, los Martilleros Públicos también cuestionaron el sistema informático respecto a la “designación” de los profesionales.
A favor de la transparencia
Por mayoría, los consejeros aprobaron el “Convenio Interjurisdiccional Datos Judiciales Abiertos” remitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediante el cual se busca crear una “base de datos única” para “promover diferentes acciones para mejorar la calidad y trasparencia de la información estadística elaborada y publicada en las respectivas jurisdicciones, tanto en lo penal como en lo no penal”.
El acuerdo establece como objetivo “modernizar los sistemas de información” y “unificar los datos nacionales en materia de justicia” en el marco de los estándares de “Gobierno Abierto”. “La información sirve para se rinda cuenta de qué es lo que se hacen con los recursos y qué respuesta se brinda a la sociedad (...) no sólo sirve como mecanismo de evaluación sino también de explicar los alcances y limites de los resultados del organismo y, así se circunscriben las expectativas de los usuarios”, indicó el documento.
La denuncia de Mangeri terminó archivada
El Pleno del Consejo de la Magistratura desestimó "in limine" una denuncia contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron acusados de “mal desempeño” por Jorge Néstor Mangeri, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Ángeles Rawson.
En su presentación, Mangeri afirmó que los jueces "lo condenaron en forma antojadiza y arbitraria con absoluta orfandad probatoria (…) legitimando verdaderos actos ilegales y violatorios”. Puntualmente, calificó de “bochornosa” la investigación y resaltó que “no se respetaron en absoluto los principios Constitucionales fundamentales, el principio de inocencia, el beneficio de la duda, el debido proceso penal y todas las mínimas garantías del derecho, sumado a la violación sistemática de infinita cantidad de artículos del C.P.P.N. y la Constitución Nacional”.
También se agravió al considerar que “dichas omisiones se convalidaron gravísimos actos ilegales y pericias nulas con prácticas abusivas, derivando éstos en una condena sin certeza alguna con una sentencia pre impuesta”.
Además, se refirió sobre el desempeño de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la Capital, por entender que “los magistrados hicieron absoluto silencio sobre este proceso irregular e ilegal mostrando un concreto desprecio de las garantías constitucionales con el solo objetivo de validar una pericia sin la cual no podría haberlo condenado”.
No obstante, los consejeros advirtieron que "no se denunció concretamente un hecho en particular conforme lo requerido en el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación”, y que "sólo se limitó a cuestionar la totalidad de la investigación".
Y concluyeron: "No se formuló imputación concreta ni se efectúa un relato circunstanciado de los hechos, en ausencia de elementos de prueba que den sustento a la presentación realizada, todo lo cual resta entidad al planteo como para dar inicio a un proceso contra un magistrado (…)”.