Se trata del camarista penal José Valerio, el candidato del oficialismo para ocupar un cargo en el Máximo Tribunal de la provincia cuyana en reemplazo del renunciante Herman Salvini. Este miércoles enfrentará la audiencia pública ante el Senado provincial.
La renovación judicial en Mendoza viene de la mano de las Cámaras Penales. El actual procurador general, Alejandro Gullé, fue miembro de la Sexta Cámara del Crimen por dos décadas, y el nuevo candidato para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Mendoza proviene del mismo Cuerpo, más precisamente la Segunda Cámara del Crimen.
Se trata de José Valerio, el hombre que el gobernador Alfredo Cornejo quiere en la Corte en reemplazo de Herman Salvini, quien presentó su renuncia el pasado 11 de octubre, luego de acogerse al beneficio jubilatorio, y tras un año en el que tuvo complicaciones de salud. El flamante candidato deberá presentarse ante el Senado provincial para afrontar la audiencia pública obligatoria este miércoles
Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Valerio ejerció la profesión de manera independiente durante diez años – en el medio fue diputado provincial con el retorno de la democracia- hasta que fue convocado como fiscal. Allí encabezó la Tercera Fiscalía Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de los Tribunales Ordinarios, desde 1987 hasta 1995.
Luego pasó a desempeñarse como magistrado correccional Tercer Juzgado Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza hasta 2001, cuando asumió como camarista. Valerio también fue Consejero de la Magistratura en representación del estamento de los magistrados en los años 2006/2008.
Apoyos y críticas
A diferencia de lo que ocurrió con Gullé – hubo unanimidad en nombrarlo como Procurador- Valerio es objeto de críticas desde distintos sectores, por sus criterios como magistrado. Hasta le fecha su candidatura cosechó 2.000 adhesiones y 600 impugnaciones.
Entre los detractores del candidato de cornejo se encuentra Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que señaló en su impugnación que Valerio “adopta posiciones con un contenido altamente discriminatorio hacia mujeres y grupos LGBTI”.
Según la presentación efectuada ante el Senado, Valerio, en un caso de homicidio dictó, junto con los jueces de Cámara Roberto Yanzón y Arlington Uliarte, la falta de mérito de un imputado e invocó a ese fin la “desviada sexualidad” de la víctima. También se le impugna su accionar en el caso del homicidio del hincha de Independiente Rivadavia Lucas Carrasco, presuntamente a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad. Valerio no asistió a las audiencias del juicio oral durante quince días y la Corte provincial tuvo que anular el juicio.
CELS también cuestionó “sus declaraciones públicas en torno a cómo deben ser las políticas de seguridad, resultan contrarias a los principios que deben guiar la política criminal del Estado”. Como contraparte, gran parte del apoyo a Valerio se debe a su postura frente a los casos de inseguridad, un problema de gravedad en la Provincia cuyana.
Sobre este último aspecto, el Comité provincial de la UCRE se mostró a favor de la candidatura, que muestra “un saludable cambio de paradigma, al pasar de una política criminal que olvidó y abandonó a las víctimas, a una política que expresa el polo contrario, valorizando al ciudadano honesto, cuyo deseo es saber que hay un Estado presente que lo protege”.
En la conferencia de prensa en la que se efectivizó su anuncio, Valerio explicó que, de aprobarse su pliego, va a hacer “algo distinto” de lo que viene haciendo, y piensa trabajar “para resolver las causas que la sociedad reclama”. “Es necesario concretar una administración de justicia acorde a los tiempos en los que vivimos y acorde a una sociedad moderna”, resumió.