La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal rechazó una cautelar solicitada por la agrupación Encuentro de Abogados Independientes, en la que se requería que se dicte la intervención y se declare la emergencia en el fuero del Trabajo.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vid rechazó este martes una cautelar solicitada por Encuentro de Abogados Independientes, una agrupación que forma parte de la oposición en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el fin de que se ordene la intervención delo fuero del Trabajo.
El pedido fue iniciado por Nicolás Oszust, Juan Pablo Godoy Vélez y Juan Pablo Lunger – todos candidatos por esa agrupación en los últimos comicios del CPACF, donde salieron terceros- con el objeto de que se declare “la emergencia administrativa, presupuestaria y de seguridad e higiene en la Justicia Nacional del Trabajo”.
Los amparistas denunciaron, entre otras cosas, que los juzgados laborales carecen de impresoras “por falta de insumos” y que incluso en un edificio – el de Diagonal Roque Saénz Peña 760 - hay baños clausurados “y se halla plagado de insectos”.
No tiene mejor calificación el de la calle Perón 990, que “no es apto para el funcionamiento de juzgados”. Los demandantes relataron que en ese edificio funcionan 20 juzgados “en condiciones de hacinamiento y de inseguridad tanto para los concurrentes como el personal que allí se desempeña”
Ante ese escenario, y con el objeto de “concluir con una gestión judicial colmada de inacciones e incumplimientos” los accionantes en autos “Oszust, Nicolas y Otros c/ EN – PJN- y Otros s/ Amparo Ley 16.986” pidieron que a “la inmediata entrega de insumos para el adecuado desempeño de los juzgados del Fuero”, que el Consejo de la Magistratura de la Nación “realice los concursos necesarios y/o eleve las ternas al Poder Ejecutivo a fin de que con la mayor celeridad posible de designen jueces titulares en los juzgados vacantes”, la realización de mejoras edilicias, y se adopten medidas en relación al funcionamiento del sistema informático lex100.
También peticionaron una medida cautelar, consistente en que la Corte Suprema “reasigne y envíe las partidas presupuestarias necesarias”, para que el Consejo y la Cámara del Trabajo, en su carácter de Superintendencia del Fuero”, realice “las adquisiciones necesarias para el desarrollo del trabajo normal de un juzgado”, tales como la compra de resmas o la instalación de impresoras.
En otro punto, pidieron que se ordene al Consejo que realice “los concursos necesarios y/o eleve las ternas al Poder Ejecutivo a fin de que con la mayor celeridad posible de designen jueces titulares en los juzgados vacantes”; y que el mismo órgano “habilite los edificios necesarios y disponga la mudanza de los edificios del fuero”.
Ninguno de los pedidos prosperó. La jueza Rodríguez Vidal entendió que la solicitud cautelar coincidía con el reclamo de fondo. “En el supuesto de que fuera admitida la tutela preventiva en los términos solicitados, se derivarían los mismos efectos que los que resultarían de la sentencia definitiva favorable sobre la cuestión de fondo que constituye el objeto del presente litigio”, señaló la magistrada
En el medio de todo, la Corte había dispuesto en junio la intervención del fuero del Trabajo y la creación de 90 nuevos cargos. Por ello Rodríguez Vidal explicó que ese anticipo “se manifiesta inaceptable” cuando en el caso “no se advierte que el mantenimiento de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o de cumplimiento imposible”.