La implementación de la reforma penal en la provincia de Río Negro se aplicará solamente a los tribunales de la Cuarta Circunscripción, cuya sede principal es Cipolletti. La aplicación del nuevo Código cosechó muchas críticas y funcionarios del Poder Judicial rionegrino intentaron frenar la entrada en vigencia por "falta de capacitación".
Si bien estaba previsto que para marzo de 2017 el nuevo Código Procesal Penal entre en vigencia en toda la provincia, se confirmó que la nueva normativa sólo regirá en los Tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede principal en la localidad de Cipolletti.
Desde el anuncio de la fecha estipulada, la aplicación del nuevo Código cosechó muchas críticas y días atrás funcionarios del Poder Judicial rionegrino intentaron frenar la entrada en vigencia por "falta de capacitación" y dudas sobre la implementación en relación a las causas iniciadas con el viejo régimen.
En los últimos días, la procuradora Silvia Baquero Lazcano, y sus fiscales, firmaron una declaración donde alertaron que “no es posible” su ejecución hasta que se dividan funcionalmente a la Fiscalía de la Defensoría que actualmente funciona bajo la órbita de la Procuración.
Esa propuesta fiscal contempla que es necesaria una reforma de la Constitución, aunque esta posibilidad no es apoyada por los Defensores, que sí coinciden en el objetivo de las autonomías de ambos ministerios, pero pretenden que se realice con reformas legislativas.
Teniendo en cuenta que la Ley 5052, sancionada en diciembre del 2014. expresa en su artículo Nº 2 que el nuevo Código Procesal “entrará en vigencia el 1º de marzo de 2017 en todo el territorio” de Río Negro, salvo lo “relativo al Juicio por Jurados”, que será a partir del 1 de enero de 2018”, con la modificación de las fechas requiere una reforma.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, aún defiende las fechas originales y busca una solución en conjunto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, un férreo defensor de la reforma, el penalista Oscar Pandolfi, dijo que no están dadas las condiciones para la puesta en marcha del nuevo Código, criticó al STJ y señaló que “habrá que otorgar algún tipo de prórroga”, también opinó que el Superior Tribunal de la provincia manejó “muy mal la transición” y que el proyecto de ley enviado la Legislatura "es inviable por un montón de razones".
Por su parte el legislador del FPV Alejandro Ramos Mejía puso el acento en que se pretende hacer la reforma pero sin dotar a los tribunales de los recursos correspondientes. “Si no están en condiciones de aplicarla van a tener que impulsar una prórroga de la aplicación en la Legislatura”, afirmó en declaraciones a la agencia APP. Según el legislador, y con referencia a la idea de implementación parcial del Código, solamente para la Cuarta Circunscripción Judicial, dijo que se contrapone al sentido común que los hechos que presuntamente constituyen un delito se juzguen de acuerdo a las reglas de un código penal en una circunscripción y con distintas reglas en otra. “Llevaría a un festival de nulidades”, opinó.