El Máximo Tribunal Penal, por mayoría, revocó la decisión que declaró prescripta la acción penal contra los imputados en la causa en la que se investigan presuntos pagos de sobreprecios por parte del Estado Nacional por una suma cercana a los 120 millones de pesos, en el marco de la contratación de servicios informáticos entre la Dirección General Impositiva y la firma estadounidense IBM en el año 1994. El Tribunal Oral en lo Federal N°3 había declarado la extinción de la acción penal por inactividad procesal, lo que fue apelado por la fiscal Gabriela Baigún y la Oficina Anticorrupción, que actúa en el proceso como parte querellante. La Sala IV de la Casación Federal, con la mayoría integrada por los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, y la disidencia de Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso fiscal y devolvió las actuaciones al Tribunal Oral “para que en forma inminente continúe con su sustanciación” y fije “a la mayor brevedad posible” fecha de debate, algo que ya había efectuado a mediados del año 2015.