Se presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de Ley para que el 5% de los trabajadores que se contraten para la obra pública sean presos con libertad condicional, prisión domiciliaria o próximos a cumplir su condena.
La iniciativa fue presentada por el diputado socialista Joaquín Blanco en la comisión de Trabajo de la Legislatura santafesina y prevé que las empresas que se contraten para la obra pública, incorporen entre sus trabajadores a presos que gocen de libertad condicional, estén bajo prisión domiciliaria o próximos a cumplir la totalidad de su condena.
El objetivo es avanzar en la reinserción laboral y social de las personas que cometieron algún delito, ya que "el trabajo es uno de los instrumentos socializadores y re socializadores por excelencia", expresó Pablo Bufarini, director Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria.
Bufarini explicó que los detenidos que accedan a este programa, sólo lo podrán hacer a través de órdenes judiciales, que serán evaluadas por un equipo interdisciplinario durante el tiempo que dure su trabajo.
La iniciativa beneficiaría a unos 4 mil reclusos y establece que el Estado se haga cargo por tres años de la mitad del pago de ingresos brutos por cada empleado.
Además, dispone la capacitación laboral permanente y gratuita para los presos con la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta 10 mil pesos por parte del gobierno provincial para emprendimientos familiares o cooperativas, como también una ayuda de 4.000 pesos proveniente del Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo.