Bozal legal twittero

Un conflicto entre un abogado y su cliente pasó de los Tribunales a las redes sociales y luego volvió a Tribunales. El letrado, quien señala que desde hace años mantiene “una solitaria lucha contra la corrupción del sistema argentino”, solicitó ante la Justicia un “bozal legal” contra “twitts” ofensivos de su ex cliente, que lo define como “korrupto”.

El profesional explicó que “se desempeña en diversas causas, muchas de ellas con gran difusión mediática por tener como clientes personas públicas del espectáculo deporte, entre otras; brindando entrevistas en diferentes medios de comunicación por lo que se define como una persona pública”, 

El abogado A.S.K. pidió ante los estrados judiciales que su ex cliente – (a quien identificó en su cuenta de Twitter) que ordene que este “se abstenga de nombrar, aludir, referir o de cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta en cualquier medio de comunicación masivo (televisivo, radial, gráfico o Internet) y redes sociales, todo comentario, noticia, dato, imagen y/o circunstancia que resulte ofensiva y/o difamatoria de su persona”.

No sólo eso, solicitó además que se borren los “twitts” y, si la red social del pajarito no cumplía, que también se le imponga una multa diaria. Para el letrado “dada la proyección de Twitter, dichos comentarios perjudican palmariamente su actividad profesional “La causa tramitó ante la Justicia Civil y Comercial Federal, que calificó ese pedido como cercano a la censura previa y rechazó la pretensión. Además, le dijo al abogado que tiene la vía abierta para querellar por injurias a aquél.

El conflicto tramitó en el expediente “S.K.A. c/ H.C.P. s/ Medidas Cautelares”, que concluyó con la decisión de los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal Alfredo Gusmán, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. Los camaristas rechazaron la apelación del abogado que dijo que con la decisión se estaba aceptando en “todo vale” y que incluso se llegaba a “proponer una solución de ‘justicia por mano propia’ inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico

Para la Cámara, contrariamente, ello no era así. Tras recordar que las declaraciones mediante redes sociales estaban reguardadas bajo la garantía que protege la libertad de expresión, los jueces señalaron que en este caso particular, pese a que el abogado no es técnicamente una “persona pública”, las particularidades del caso los hacía inclinarse a la misma solución adoptada en Primera Instancia.

“No se trata de un conflicto entre intereses puramente privados, sino que se enfrentan exigencias que hacen al interés general de la comunidad”, detallaron los integrantes de la Sala. Es que el “twittero” denunció que su ex representante legal “sería una persona corrupta a la que deberían sacarle la matrícula y que estaría vinculado con numerosas causas penales”.

“De ello – asumieron los magistrados- resulta que los comentarios efectuados por el accionado no están estrictamente relacionados con la vida privada o la esfera de intimidad del actor, sino con críticas (fundadas o no, es inoportuno abordar ese análisis a título cautelar) hacia su actuación profesional”.

Para los jueces “si bien el actor no aplica en la definición clásica de ‘persona pública’, la realidad es que ofrece al público un servicio profesional, que tiene carácter oneroso”. A su entender “puede existir, entonces, cierto interés público comprometido en la difusión de noticias, informes o incluso relatos de experiencias personales de quienes han experimentado el servicio ofrecido”.

Por último, la Cámara le recordó al abogado que “no puede perderse de vista que internet es un medio que permite al actor comunicar su postura frente a los hechos imputados en la cuenta de Twitter en forma prácticamente ilimitada, a través de los mismos canales que utilizó la persona que los habría difamado, sin costo alguno”.