A través de una nota, la jueza en lo Penal y Contravencional porteña María Gabriela López Iñiguez le reclamó al Consejo de la Magistratura que la ponga en funciones en el Tribunal Oral Federal 8. La magistrada fue designada hace casi dos años, pero no fue puesta en funciones ni en el cargo que ganó, ni como subrogante.
En 2010, el Congreso creó dos nuevos Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en la Capital Federal. Según los fundamentos de la iniciativa, se buscaba afrontar la “cantidad, magnitud y la gravedad de las causas sometidas a juzgamiento”, por lo que se propuso que las dependencias “comiencen su labor en el más breve lapso”. Sin embargo, nada de esto sucedió.
Mediante una nota dirigida a la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, la jueza en lo Penal y Contravencional porteña María Gabriela López Iñiguez exigió que se la “ponga en funciones en el cargo de magistrada de un TOF, que ganó por concurso”.
“Vengo a reclamar que sigo sin ser puesta en funciones para ocupar vacantes existentes en el fuero, instancia y jurisdicción territorial para la que he sido designada, a pesar de que existen vacantes disponibles”, manifestó López Iñiguez.
La magistrada ganó el concurso y fue nombrada mediante el Decreto 1991/2015 en el Tribunal Oral Federal N° 8, pero desde entonces no fue puesta en funciones ni en el cargo que ganó, ni como subrogante. No obstante, su caso no es el único, ya que otros jueces han solicitado en reiteradas ocasiones la habilitación y puesta en funcionamiento de las dependencias judiciales.
En este sentido, López Iñiguez destacó “la continua omisión del Consejo de dar cumplimiento a las mandas legales que los rigen, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia”, y por ello requirió que se le tome juramento como jueza del Tribunal Oral Federal N°8 y se la ponga en funciones en la vacante existente en el número uno.
En tanto, la magistrada advirtió que existe una "evidente discriminación en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que revista gravedad institucional”.
“Exhorto mi inmediata puesta en funciones como jueza subrogante con carácter preferente a todo otro candidato y con carácter preferente”, sostuvo y añadió: “Cualquier otra decisión que no recayera en mi persona implicaría un avasallamiento de mis derechos y una vulneración de las normas del propio Consejo que generarán en quienes las adopten las responsabilidades pertinentes”.
Por último, la jueza resaltó que podría recurrir a la Justicia “contra todo acto que implique daño o peligro” para defender sus “legítimos derechos”.