El Gobierno Nacional dispuso la creación de la Unidad de Coordinación de Atención y Asistencia a las Víctimas del Delito, a pesar que el Senado se negó a tratar el proyecto en la sesión extraordinaria de este miércoles.
La Resolución 855-E/2016 que crea la Unidad de Coordinación de Atención y Asistencia a las Víctimas de Delitos fue publicada hoy en el Boletín Oficial y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Entre sus funciones la articulación de las causas con el ámbito judicial; con los organismos del Estado intervinientes; el análisis de los procedimientos de contención y asistencia a las víctimas del delito de las Fuerzas de Seguridad Federales y proponer modificaciones. Asimismo, la producción de informes respecto al impacto social que generan las consecuencias de los diversos delitos cualquiera fuese su naturaleza y efectuar las recomendaciones correspondientes.
"El pleno conocimiento de las consecuencias que producen los delitos, cualquiera fuese su naturaleza, y la asistencia a las víctimas en la articulación con el ámbito judicial resulta una tarea necesaria a fin de mitigar los efectos de los mismos", expresa el texto firmado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Una de las premisas del Gobierno Nacional es lograr la utilización de los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados", resalta otros de sus párrafos.
Su articulación con el Poder Judicial resulta una tarea necesaria a fin e cumplir con las obligaciones legales asumidas se requiere de herramientas idóneas para responder a las diversas demandas de nuestra sociedad, para lo que resulta necesario un abordaje desde una perspectiva de lucha contra el delito que posibilite una mayor efectividad en las políticas públicas destinadas a dar soluciones definitivas a las víctimas de los mismos".
Esta medida nació de un proyecto de ley, con media sanción en Diputados, que establece un régimen de asistencia a las víctimas de delitos que contempla, entre otras cosas, la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas. La Cámara Alta se negó a tratarlo en la sesión extraordinaria de hoy.