Por decisión de la Corte Suprema, una investigación por estafa por la venta de pasajes en avión, ofrecidos en una red social, que habrían sido vendidos desde un sistema online en el exterior, deberá ser investigada por la Justicia del lugar donde fue depositado el dinero obtenido tras la maniobra.
Un nuevo caso de estafa por medio de redes sociales llegó a la Corte Suprema, para que determine qué Tribunal es el competente para investigar los hechos,
Se trató de una contienda negativa de competencia entre un Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción y un Juzgado de Instrucción de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz., nacida tras la denuncia del gerente de una empresa operadora de turismo “por la venta de pasajes a través de distintas agencias turísticas que actúan como intermediarias de la firma.
Es que esos pasajes eran ofrecidos por el denunciado en autos “P.G.J. s/ Estafa” quien los ofrecía mediante “una red social”. Según consta en el expediente, la venta de los tickets habrían sido posibles mediante el ingreso ilegítimo a los ordenadores de la damnificada “desde una dirección de IP extranjera”
La causa fue iniciada ante la Justicia de la Capital Federal, pero el titular del Juzgado que salió sorteado se declaró incompetente a favor de la justicia de Río Gallegos, por considerar que “allí ocurrió el hecho denunciado”. El argumento fue que “el dinero obtenido por la venta fraudulenta de los pasajes fue depositado en una caja de ahorros del Banco Patagonia de esa localidad”, donde además su titular “habría realizado dos extracciones”.
Sin embargo, el juez de Santa Cruz rechazó la atribución, en el entendimiento de que era “prematura”, ya que “se desconoce donde se realizaron los depósitos y el momento en el que se habría producido el perjuicio económico”.
Tras mantener su postura, el juez de Instrucción de la Capital Federal elevó el expediente a la Corte Suprema, que tras el dictamen del procurador fiscal Eduardo Casal, resolvió remitir la causa hacia la Provincia patagónica. El criterio de Casal fue compartido por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
“A mi modo de ver, teniendo en cuenta el modo en el que se habrían llevado a cabo las maniobras denunciadas -mediante el ingreso ilegítimo a sistemas informáticos de terceros-, la contienda debería resolverse atendiendo a razones de economía procesal y a los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica”, adelantó el representante de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema.
En esta inteligencia – aseguró- como “aún no se ha recabado información acerca de la identidad y domicilio” del “ único señalado como posible autor de los hechos”, los que, además habrían sido realizados “a través de una conexión, probablemente simulada, en el extranjero”, lo que había que tener en consideración en el caso era que el único elemento cierto hasta el momento fue que “el dinero obtenido fraudulentamente fue depositado en una cuenta de Río Gallegos”, donde, además, se domicilia su titular y se realizaron dos de las extracciones. Lo que llevó a la conclusión de que la Justicia de Santa Cruz era la adecuada para llevar adelante la pesquisa.