El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que modifica el régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), propuesta por el Gobierno para reducir los litigios laborales. Esta nueva normativa ya cosechó fuerte críticas desde el sector judicial.
Con 48 votos a favor y sólo dos en contra, la Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de Ley que introduce cambios al régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). La nueva normativa establece la creación de comisiones médicas para que analicen los casos de accidentes laborales previo a iniciar alguna acción judicial.
La propuesta enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo tiene la intención de reducir las demandas judiciales donde se pretenden indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. La Cámara de Diputados debe ratificar la media sanción para que la iniciativa sea convertida en ley.
El proyecto incorporó una cláusula que obliga a las comisiones a expedir un veredicto en un plazo de tres meses, aunque el trabajador conserva la posibilidad de acudir a la Justicia en caso de no estar conforme con la resolución.
Ante una demora, injustificada, de más de 60 días hábiles de parte de las comisiones médicas, los trabajadores automáticamente podrán recurrir a la instancia judicial.
Los gastos de los abogados deberán ser solventados por las aseguradoras de riesgo de trabajo y los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.
La respuesta de los abogados
Desde el sector de la justicia, el proyecto no fue bien recibido y recibió numerosas críticas. Los primeros en alzar la voz fueron los del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que emitieron un dictamen rechazando el proyecto “por sus manifiestas inconstitucionalidades y discriminaciones en perjuicio de trabajadores”.
Sobre la obligatoriedad de las comisiones médicas, los de la institución presidida por Jorge Rizzo, sostuvieron que “se vuelve así a los orígenes de la ley de 1995, que la lucha judicial de los abogados logró desactivar consiguiendo que los trabajadores puedan acceder en forma directa a la Justicia del Trabajo sin ninguna valla previa”.
Por su parte, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expresó “de sancionarse dicha ley quedará afectado para los trabajadores víctimas de infortunios el derecho humano fundamental de ingreso irrestricto a un tribunal competente independiente e imparcial, mediante un recurso sencillo efectivo y rápido”.
“La Justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de tareas. Cuando ella se torna ineficiente y no cumple su misión, a los trabajadores sólo les espera la marginalidad social y la miseria”, resaltaron desde de la entidad.