La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que agrava las penas para quienes cometan delitos viales. La iniciativa establece con precisión los causales de este tipo de delitos, como el exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad.
Por 197 votos a favor, la Cámara de Diputado dio sanción al proyecto de ley que agravada las penas para quienes cometan delitos viales, impulsada por organizaciones de familiares de víctimas y, en consecuencia, los legisladores rechazaron los cambios introducidos en el Senado.
El proyecto sancionado tiene “como objetivo fundamental evitar que se sigan produciendo accidentes de tránsito por causas que son perfectamente evitables, tales como la conducción en estado de ebriedad y la conducción en exceso de velocidad”.
“Los conductores de automotores, cualquiera sea su categoría y cualquiera sea el tipo de vehículo, deberán saber las consecuencias legales graves que tendrá su accionar contrario a la ley”, fundamentó la propuesta.
La Cámara Baja ratificó el proyecto original, al disponer que la pena será de prisión de tres a seis años, “si el conductor se diere a la fuga o estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos miligramos por litro de sangre en el caso de los conductores de trasporte público o un gramo por litro de sangre en los demás casos”.
Además se contempla el caso de “exceso de velocidad de treinta kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por la autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular”.
“Sé que esta ley es la base, vamos a seguir adelante. A partir de ahora, el que atropella en estado de ebriedad o con exceso de velocidad, o que se escapa y deja tirada a la víctima en la calle, va a enfrentar un agravante”, explicó Viviam Perrone, quien fundó la asociación Madres del Dolor cuando su hijo, Kevin Sedano, fue atropellado en la avenida Libertador, en Olivos.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, manifestó que la normativa "busca bajar el grado de delitos viales", dado que en el país "mueren 20 personas por día, es decir que hay 7500 muertes anuales", y añadió: "Con una legislación similar, España redujo de 7000 a 1600, la muertes en los últimos años".