Este viernes se llevó adelante la medida de fuerza de magistrados y empleados judiciales contra el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad con amplio acatamiento. El ministro Garavano criticó la medida: "Hay un sector corporativo que se opone a los cambios que la Justicia necesita" dijo. Por su lado, la presidente de la Asociación de Magistrados salió al cruce “todos los que trabajamos en el Poder Judicial estamos en el mismo barco”.
Sectores del Poder Judicial adoptaron este viernes la primera medida de fuerza en contra de la iniciativa de traspasar la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de eliminar la feria judicial. Con un paro de 24 horas impulsado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y una reunión con “suspensión de tareas” convocada por la Asociación de Magistrados, en la planta baja del Palacio de Justicia las voces se unieron bajo la consigna “No al traspaso”.
El gremio de judiciales celebró el “profundo acatamiento” al paro “en todas las dependencias del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, de la Defensa y Fiscal”, su secretario general, Julio Piumato, declaró que “la Justicia no mejora pasándola de un ámbito a otro” y calificó a este tipo de medidas como “como globos de colores”.
La UEJN consideró “sugestiva” la transferencia de competencias penales en lo que hace a delitos “contra la administración pública” y no otros “más graves” como homicidios o robos. En esa senda, para Piumato "desguazar la justicia penal no le aporta nada ni a la Justicia ni a la ciudadanía", y reiteró que "es una mentira" que el "vaya a mejorar la Justicia".
El Secretario General del gremio cuestionó la idea de eliminar la feria judicial, tachándola "como una flexibilización laboral". Piumato reiteró "en feria se trabaja" y el problema del funcionamiento del servicio de Justicia no es por el mes de feria sino "porque Justicia está colapsada”. “Si eliminás la feria, no solucionás la cuestión sino que la agravás" insistió.
Por su parte, también hubo un alto acatamiento de la convocatoria realizada desde la Asociación de Magistrados. La planta baja del edificio de Talcahuano 550 se llenó de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales en una demostración de fuerza del sector. Como señal al gobierno, los consejeros de la Magistratura que representan al estamento de los jueces dieron el presente.
En el medio de las escalinatas de la planta baja se pudo ver a Luis Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vazquez rodeando a Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz cordero, presidente de la AMFJN.
En declaraciones a la prensa, Díaz Cordero – camarista Comercial cuyo Tribunal siempre dictó un plenario oponiéndose de forma manifiesta al traspaso- recordó que la Asociación de Magistrados hace 20 años que señala que el traspaso es inconstitucional.
“Se dicen que la Justicia, con esta medida, va a ser más cercana y eficiente, pero eso no es cierto. Yo pregunto cómo se va a construir una Justicia mejor con los mismos recursos y el mismo número de personas a cargo de la misma cantidad de expedientes. Nosotros siempre estuvimos en este lugar, cercano de los ciudadanos” dijo la titular de la AMFJN ante la atenta mirada de los magistrados.
Díaz Cordero, que fue la única oradora de la cita, indicó que la reunión obedecía a que “amamos la Justicia y queremos dar las mejores respuestas al ciudadano” y en consonancia con Piumato recalcó que “nadie trabaja seis horas” y por el contrario “magistrados, funcionarios y empleados trabajamos a destajo”.
“Nosotros queremos cambios; no somos retrógrados. Pero debemos reafirmar la necesidad de proteger la Constitución Nacional y la independencia de la Justicia”, sostuvo la magistrada, que también expresó que “todos los que trabajamos en el Poder Judicial estamos en el mismo barco”.
La flamante presidente de la asociación se solidarizó también con los empleados judiciales, y en un guiño al gremio de Piumato reconoció que los empleados “sonel semillero de los futuros jueces y de ninguna manera pueden trabajar con serenidad de ánimo si existe incertidumbre acerca de su futuro e incluso de su carrera judicial”.
Para Garavano es una “resistencia corporativa”
Al opinar sobre el paro, el ministro de Justicia, Germán Garavano cuestionó el reclamo, que imputó a “un sector corporativo que se opone a los cambios que la Justicia necesita para brindar un mejor servicio a la gente". El mismo que también se opone al pago del impuesto a las ganancias por parte de los nuevos magistrados o la eliminación de la feria judicial.
El titular de la cartera de Justicia también declaró que son sectores que “tienen algunos intereses puntuales" y que están “sobreactuando” frente a un “hecho inevitable”: que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia Justicia. "Es algo que sucede en todo el país y es lo que manda la Constitución", recalcó.