En una medida para acompañar el anuncio de suprimir el receso a nivel nacional, un diputado de Cambiemos presentó en la Legislatura un proyecto de ley para eliminar la Feria Judicial de verano e invierno en el Poder Judicial bonaerense.
Guillermo Castello, Diputado provincial del bloque Cambiemos, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para eliminar la Feria Judicial que interrumpe la administración de justicia en verano e invierno.
El texto del proyecto preve que se sustituya un inciso del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los asuetos judiciales se dispongan únicamente cuando un acontecimiento extraordinario lo exija. Asimismo, establece que serán días hables todos los días el año, con excepción de los de fiestas aceptadas por la Nación, los previstos por la ley provincial y los que especialmente decrete el Poder Ejecutivo.
En cuanto a los horarios para el funcionamientos de los Tribunales, el texto sostiene que serán horas hábiles las que median entre las 7:00 y las 20:00. Para la celebración de audiencias de prueba, la Suprema Corte de Justicia podrá declarar horas hábiles para tribunales y cámaras y cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las 7:00 y las 17:00, o entre las 9:00 y las 19:00, según rija el horario matutino o vespertino.
Castello declaró que "en medio de los serios cuestionamientos que enfrenta hoy la administración de Justicia y del exagerado número de expedientes que se acumulan y que hacen colapsar los juzgados, una parálisis judicial de 45 días, que implica una interrupción de una sexta parte del trabajo anual del sector, no tiene justificación posible y la cuestión debe ser analizada seriamente y sin prejuicios, no con espíritu corporativo".
En ese marco, el funcionario resaltó que "el sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos, lo cual resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia" y "las ferias limitan el derecho constitucional de acceso a la Justicia y estos tiempos muertos del sistema judicial son incompatibles con un servicio público ágil y eficaz que responda a la necesidad social de resolución de conflictos".