La Corte Suprema pidió explicaciones a la Oficina de Captación de Comunicaciones del propio Tribunal por la difusión de las escuchas telefónicas. Fue tras una presentación efectuada por el mismo ex titular de la AFI. “Corresponde que este Tribunal tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes”, dijeron los supremos.
La difusión masiva de escuchas telefónicas que tienen como protagonistas a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli pusieron los pelos de punta a propios extraños.
La Corte Suprema quizás es una de las más afectadas por la filtración a la prensa de los audios. Es que no hace todavía un año de que el Máximo Tribunal aceptó la transferencia de la oficina de Escuchas Judiciales y creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación y ya se “viralizaron” las grabaciones, cosa que no ocurrió anteriormente, cuando la ex “Ojota” estaba bajo la órbita de la Procuración General de la Nación.
Por ello, y ante una presentación del propio Parrilli, la Corte pidió a esa dependencia y al Juzgado Federal de Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa por la cual se filtraron las escuchas, la remisión de informes para averiguar desde dónde se difundieron los audios.
La nota n° 11/2017, firmada por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, expresa que “teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación”, lo que correspondía era que la Corte “tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes”.
La Corte busca que “a la mayor brevedad” la Oficina de Captación de Comunicación dé cuenta de “toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa” instruida por Lijo “excluyendo todo aquello que, por su naturaleza, haga al proceso penal cuya dirección y conducción está a cargo del juez interviniente”.
Respecto de este último, deberá “con idénticos recaudos” que la ex “Ojota” informar de “cualquier circunstancia que considere pertinente” para tratar de establecer las responsabilidades administrativas que le puedan corresponder “a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa”.
No pasó un año desde el traspaso y ya estalló el primer escándalo
El traspaso de la Oficina de Escuchas de la Procuración a la Corte se formalizó en febrero de 2016 mediante la Acordada 2/2016, donde el Máximo Tribunal dispuso que eI nuevo organismo “tendrá autonomía de gestión” y sus autoridades tendrán “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos dispuestos en esta acordada”. En su inicio quedaron designados a la cabeza de la dependencia al camarista Martín Irurzun, aunque la Corte dejó en claro que tiene facultades de supervisión y la potestad de revocar los mandatos “si se detectaran incumplimientos graves basados en informes de auditoría”.
La Dirección está obligada a dar trámite al cumplimiento de las medidas “referentes la interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales los del Ministerio Publico Fiscal”, y según la acordada, lo hará mediante el cumplimiento de principios como el de la promoción de la transparencia “de los actos y acciones de su incumbencia” y de “fijar un sistema eficiente de control”.