La Corte Suprema recibió los informes que le solicitó la Dirección de Escuchas Judiciales y al Juzgado de Ariel Lijo para tratar de establecer responsabilidades por la difusión de las escuchas telefónicas que involucran a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Mientras la ex “OJ” dijo que entregó el material al personal autorizado, Lijo aclaró que hizo la pertinente denuncia penal.
Un día después de que la Corte Suprema, en un intento por despegarse del escándalo que significó la filtración de los audios de conversaciones entre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en el marco de la causa en la que este último se encuentra procesado por el presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, solicitara informes para establecer responsabilidades administrativas internas, el Máximo Tribunal tuvo por cumplido su pedido.
Este jueves se dio a conocer que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y el Juzgado Criminal y Correccional n° 4, encabezado por Ariel Lijo, acataron la orden y remitieron a los supremos sus informes de gestión. La Oficina de Escuchas realizó un detalle de todas sus funciones y su accionar, mientras que Lijo reseñó parte de la causa que lleva adelante, por la cual se ordenaron las “pinchaduras” telefónicas.
Suscripto por su director, el camarista federal Martín Irurzun, y por su suplente, el también camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, la ex “OJ” dio detalles de todos su accionar, además de adelantar que abrió el expediente administrativo interno. Para no pisarse entre unos y otros, la Dirección aclaró que le solicitó “la correspondiente autorización” a Lijo.
Cómo se realizan las escuchas
Tras detallar los aspectos normativos, las funciones del organismo y sus parámetros de actuación, la oficina de escuchas explicó cómo es el procedimiento para interceptar los teléfonos. El mismo comienza con las solicitudes de los jueces, que son recibidas por la Dirección, que las procesa y envía la orden de intervención a las empresa de telecomunicaciones que corresponda –mediante oficio judicial-.
Irurzun y Leal de Ibarra detallaron que, con el objeto de promover “el orden y la transparencia en la gestión” se elaboran informes estadísticos mensuales “de la totalidad de tareas llevadas a cabo” por la dirección. Para ponerlo en numerosos: todos los meses se reciben 2362 oficios en promedio, lo que duplica los procesos de trabajo, ya que también se deben dar de alta o de baja los procedimientos.
El informe da cuenta de que las fonolas graban automáticamente las comunicaciones, y luego, e1 soporte óptico “se ensobra en un envoltorio que lo resguarda de posibles deterioros, e1 cual se cierra con una etiqueta que contiene e1 mismo código de identificación de1 CD” que contiene nombre, numero de causa y abonado interferido, generada automáticamente por e1 sistema informático “para garantizar la inviolabilidad de la cadena de custodia”. El grabado de los discos es automático, señalaron desde la Dirección para “reducir al mínimo la injerencia manual de los operadores” de la dependencia.
El informe presentado ante la Corte también detalla cuáles son las medidas de seguridad de cada Cd, “La responsabilidad de la Dirección en cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta designare”, explican ambos camaristas, también aclarando que, no obstante ello, existen “medidas de seguridad propias del CD entregado que permiten conocer si el contenido del soporte óptico fue adulterado, a través de la creación del código HASH, el cual modifica su composición cuando la información que contiene el CD se altera”.
El CD, una vez ensobrado y etiquetado, queda a disposición de la autoridad judicial requirente “o bien del personal que esta designare”. El material puede ser entregado en Av. Los Incas – donde funciona la Dirección – o en cada una de las delegaciones del interior, su retiro siempre es tras exhibición del DNI.
Escuchas “en tiempo real”
El informe presentado ante la Corte también indica que existen escuchas “directas” que implican el acceso a los audios “en el momento” – online – o con una demora de hasa tres minutos –“offline”-. Bajo esta modalidad se realizaron la mayoría de las intervenciones en la causa de encubrimiento a Pérez Corradi
Para estos casos, el Juzgado requierente deberá designar una fuerza de seguridad que llevará a cabo la escucha en el sector locutorios, ubicado en la sede central de la Dirección. Este proceso estaba bajo la guarda de la Subdirección de Escucha Directa, que es la que indica cuál de los “boxes” deben ocupar los escuchas. Los funcionarios designados no tienen acceso a la sede Central, sino que entran por otro acceso a los boxes. A su vez, los funcionarios de la oficina están impedidos de acceder a esas escuchas en tiempo real.
“No hubo irregularidades”
Tras brindar esos detalles, la Dirección concluyó que, tras analizar los pasos seguidos en el marco de la causa que involucra a Parrilli, la intervención ordenada en la causa “se ajusta a los procedimientos habituales establecidos en los reglamentos y protocolos de actuación correspondientes”.
“En este sentido, corresponde dejar asentado que el material en cuestión fue entregado a personal que cumplió las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)”, indicaron desde la Dirección.
El resumen de la causa
El juez federal resumió los detalles de la causa que instruye contra Parrilli, que tuvo como punto saliente el procesamiento que dictó el último lunes sobre el ex jefe de la AFI, por ocultar información que hubiera dado con el paradero de Pérez Corradi. Lijo aclaró en su informe que la copia del material de las escuchas fue realizada en las máquinas del Juzgado “por un Secretario y un Prosecretario de este Tribunal quienes, al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este Tribunal”.
El magistrado defendió la legalidad del proceso al afirmar que, hasta la fecha “no existe en el expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas practicadas”, y también dejó asentado que el último miércoles realizó la denuncia ante la Cámara Federal – presidida por Irurzun –“para que se investigue la filtración de los audios con las escuchas que fueran ordenadas en el presente expediente”.