La Asociación de Magistrados salió en defensa de los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, a quienes el Ministerio de Trabajo les pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura, y dijo que el reclamo es una “injerencia en la jurisdicción judicial”. La Asociación de Abogados Laboralistas también criticó la medida, la calificó de “ataque a la independencia judicial”
Tras darse a conocer que el Ministerio de Trabajo presentó un pedido de juicio político a los jueces que dictaron la cautelar ordenando a todos los bancos – públicos y privados- a pagar el acuerdo salarial suscripto con la Asociación Bancaria e instando al Poder Ejecutivo Nacional a “no interferir” en el cumplimiento del acuerdo, desde distintos sectores se criticó la medida.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado “en defensa de los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert”, donde advierte que los pedidos de juicio político formulados por la cartera dirigida por Jorge Triaca a los dos integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo “implican una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”.
La Asociación, comandada por la camarista comercial Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero adelantó que “cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales”, la entidad “lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”.
“Entendemos que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, admiten desde el sector, aunque también dejan en claro que si existen magistrados “que con su desempeño afectan su investidura”, que sean removidos de sus cargos, eso sí, siempre que sea acreditado mediante los procedimientos constitucionales.
Del otro lado del mostrador, la Asociación de Abogados Laboralistas denunció lisa y llanamente un “ataque a la independencia judicial”: También a través de un comunicado, la entidad presidida por Matias Cremonte la actitud del Poder Ejecutivo se trata “de uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso, fundado en el contenido de sus sentencias”.
Para la AAL el caso reviste “la mayor gravedad” por versar sobre la paritaria de los bancarios y por fallar “en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva”. “Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, y contra el Estado de Derecho” señala el texto, en consonancia con lo expresado por la AMFJN.
El comunicado añade que la sentencia, dictada durante la feria judicial, fue un freno a un “accionar antisindical” y que fue “parte del esquema de controles entre los Poderes”, por lo que la pretensión destituir a esos jueces “es absolutamente antidemocrática”, y con ella. “se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”.
Arias Gilbert y Marino fueron denunciados por las causales de “mal desempeño, falta de idoneidad y negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución” por haber dictado la cautelar que favoreció a los bancarios. Desde la cartera ministerial recordaron que “es una potestad ministerial la homologación de los acuerdos paritarios”, y que en la sentencia los camaristas ordenaron al Estado que ”no interfiera en el cumplimiento del acuerdo mientras el mismo se encuentre en conocimiento judicial”.