Para hacer frente a los acuerdos por la Ley de Reparación Histórica, la Corte Suprema autorizó la contratación de casi cuarenta empleados por parte de la Cámara Federal de la Seguridad Social y cuatro agentes para cada una de las Cámaras Federales del Interior. Los agentes podrán ser abogados, contadores o “estudiantes avanzados de ambas carreras”.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que permite formalizar acuerdos transaccionales con ANSES para el recálculo de jubilaciones, tiene como contrapartida la homologación judicial de esos convenios.
Debido a la cantidad de acuerdos a formalizarse, los juzgados federales verán incrementada su tarea mucho más que antes, sobre todo los juzgados federales de la Seguridad Social, cuyo colapso en materia de juicios previsionales viene de años.
Ante ese escenario, la Corte Suprema autorizó a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscribir, partir del último miércoles y hasta el 30 de noviembre de este año, treinta y nueve nuevos contratos para el fuero previsional, mientras que cada Cámara Federal del interior del país podrá contar con cuatro nuevos empleados.
En el fuero de la Seguridad Social, se agregarán un secretario, un procesecretario administrativo y un oficial a cada una de las tres Salas que componen el Tribunal. Lo mismo que para cada uno de los diez Juzgados que componen el fuero.
Respecto de las cámaras federales de Córdoba, Mendoza, Rosario, Resistencia, La Plata, Mar del Plata, Salta, Corrientes, Posadas, General Roca, Comodoro Rivadavia, Paraná, San Martín y Bahía Blanca se autorizó la designación de un secretario de cámara, un secretario de juzgado, un prosecretario administrativo y un oficial.
Las resoluciones, todas firmas por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, autorizan a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo a imputar el gasto resultante “a la cuenta pertinente para el corriente ejercicio financiero”.
Los contratos autorizados, además, deberán ser otorgados a agentes abogados, contadores o “estudiantes avanzados de ambas carreras”. Para el caso de que los agentes contratados sean de la planta de personal permanente del Poder Judicial de la Nación, la Corte resolvió concederles licencia sin goce de sueldo mientras duren sus contrataciones, que finalizarán “una vez que cese el estado de emergencia” que las originó.