La Justicia provincial se encuentra virtualmente paralizada por el conflicto entre la gobernación y el gremio judicial por el reclamo de este último por cumplir el acuerdo salarial suscripto con el TSJ. Las medidas de fuerza llegaron a tal nivel que un Tribunal Penal tuvo que suspender las audiencias de todo el mes.
El conflicto sindical entre los trabajadores judiciales de la Provincia de Santa Cruz y el gobierno de Alicia Kirchner se sigue acentuando y no se ve una salida en lo inmediato. El funcionamiento de la Justicia provincial se ve tan comprometido que desde ayer un Tribunal Penal suspendió todas las audiencias por el resto del mes ya que sus empleados se retiraron a las 11 de la mañana
El conflicto viene desde fines del año pasado, cuando el gremio y el Tribunal Superior de Justicia acordaron un aumento salarial del 10% que entraría en vigencia a partir de enero de 2017. Sin embargo, desde el Ejecutivo alegaron que comprometía las arcas provinciales, que ya venían dañadas como se está comprobando en la actualidad, con empleados públicos que no cobraron la totalidad de sus últimos sueldos.
A principios de año, los judiciales tomaron la sede del Tribunal Superior de Justicia en busca de respuestas y continúan adoptando medidas de fuerza. Desde el plano judicial la tensión crece, la jueza Renée Fernández suspendió cautelarmente el incremento salarial y fue blanco de feroces críticas por parte del gremio judicial, lo que llevó a una nueva contienda en Tribunales: Fernández pidió ante la Justicia una medida autosatisfactiva para impedir que el gremio se abstuviera de hacer publicaciones “que impliquen violencia de género y afecten su dignidad como persona”.
Para peor, otro magistrado, Diego Lerena, hizo lugar al pedido y exhortó” a los integrantes de la asociación gremial”, cuya cabeza es Francisco Gómez al “cese de acciones y publicaciones que, de modo directo o indirecto mediante enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans, etc. pudieran afectar, injuriar, ofender, agredir, vulnerar, menoscabar la dignidad y el honor” de la jueza, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.
Los abogados, que no son ajenos a la conflictiva, criticaron el fallo. Un comunicado de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos manifiesta “su honda preocupación” por el fallo, elevando a todas las autoridades su “más enérgica crítica” en defensa del legítimo derecho a la protesta. Para los letrados “dicho fallo es arbitrario y claramente vulnera el derecho a reclamar, tan elemental y básico en una democracia participativa”.
“Resulta además irrisorio y enervante que un Juez le pida a otro su intervención para darle razón, como si tratara de un acuerdo corporativo entre pares”, cuestionaron, a su vez, los profesionales del derecho.
Pero hay más detalles en esta historia. Siguiendo firme la cautelar que pesa sobre el acto administrativo que otorga el aumento salarial, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese acuerdo.
La tensión subió a otro nivel cuando a las 11 de la mañana un grupo de empleados de la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción (Zona Norte) se retieraron de sus puestos de trabajo. Ante ello, que implicó la modificación del cronograma de audiencias, los integrantes del Cuerpo decidieron suspender la realización de juicios orales durante todo el mes. Medida que no descartan extender hasta abril. En el medio, personas que se encuentran privadas de su libertad esperan tener un veredicto.