El 65% de los lectores de Diario Judicial opinaron en una encuesta online que el Congreso debería someter a juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su “manifiesta parcialidad” al frente del Ministerio Público Fiscal. Los pedidos de remoción y las denuncias penales que enfrenta la jefa de los fiscales.
Entre pedidos de juicio político, investigaciones y denuncias penales, todos los cañones apuntaron en los últimos días contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su desempeño al frente del Ministerio Público Fiscal.
La procuradora volvió a la escena a raíz de una denuncia por la presunta adquisición de un inmueble que habría "favorecido a su ex esposo con una comisión millonaria", al momento de comprar el edificio de la calle Perón 667, mediante la licitación pública 1/2013.
A esto se le suma un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que alertó sobre los "signos de politización” del organismo y advirtió que “el marco legal actual no asegura que el cargo esté protegido de la influencia política”.
Asimismo, la jefa de los fiscales tiene varios pedidos de juicio político en el Congreso por presuntas "irregularidades en los concursos de nombramiento y traslado de fiscales", entre los cuales se destaca la denuncia impulsada por la diputada nacional Elisa Carrió.
Ante la pregunta: “¿Qué opina de la situación de Alejandra Gils Carbó en la Procuración?, el 65 por ciento de los lectores de Diario Judicial opinaron en una encuesta online que “por su manifiesta parcialidad debería someterse a un juicio político en el Congreso”, mientras que el restante 35 por ciento afirmó que “debe continuar pese a su militancia política, ya que no supone ninguna incompatibilidad ética ni tampoco incumple la Ley Orgánica del MPF”.
Frente a las acusaciones, los diputados del oficialismo afirman “no contar con los votos necesarios” para el tratamiento de los proyectos de destitución. En diálogo con Radio Nacional, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Álvaro González, manifestó "se requiere que un montón de fuerzas políticas estén de acuerdo", y recordó que "es un año político", por lo que "hay que ver qué decisión toman las fuerzas".
"La Comisión tiene 31 miembros y para que haya un dictamen de mayoría tiene que haber 16 votos. Ese dictamen de mayoría va al recinto y ahí tiene que haber 170 votos para acusar. Una vez que se dio ese proceso, la acusación para al Senado, que es quien juzga", explicó el diputado nacional.