En la reunión de la Comisión de Administración y Financiera, el Administrador General del Poder Judicial, Agustín Cinto, confirmó que todos los magistrados, empleados y funcionarios judiciales que ingresen a partir de este año deberán pagar Impuesto a las Ganancias. El Cuerpo aún no determinó cuáles rubros quedan incluidos dentro del tributo.
A pesar de la resistencia de algunos sectores, el Impuesto a las Ganancias para los nuevos magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial es una realidad y llegó para quedarse. Así lo confirmó el Administrador General, Agustín Cinto, durante su informe de rutina ante la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación.
“Todos los jueces o funcionarios judiciales que ingresen en 2017 pagan Impuesto a las Ganancias”, dijo Cinto, quien integra la lista de los primeros funcionarios que comenzó a tributar, ya que fue designado en febrero último en reemplazo de Juan Carlos Cubría.
Ante la consulta del consejero-juez Leónidas Moldes sobre el criterio que se está aplicando en relación a los ascensos, el Administrador explicó que se está considerando sólo los magistrado y funcionarios que “ingresaron en 2017”, pero aclaró que “la interpretación que haga el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema determinará si también aplica en un cambio de categoría o un traslado de la Justicia provincial al nacional".
El Cuerpo, además, se encuentra a la espera de la reglamentación del nuevo régimen, aprobado por el Congreso en diciembre pasado, pero, mientras tanto, solicitó al Máximo Tribunal su opinión sobre el alcance del impuesto, es decir si incluirá algunos rubros como la antigüedad o la compensación funcional por su dedicación exclusiva.
Cinto se comprometió a informar a los consejeros el “criterio objetivo que se va implementando” en todos los casos. La normativa establece que tributarán “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.
La postura del Consejo coincide con el criterio adoptado por la Corte, que consideró que “todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto”; mientras que “quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.