La Bicameral del Ministerio Público recibió a los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan, Raúl Omar Plee, Germán Moldes y Santiago González Warcalde, quienes expusieron sobre el funcionamiento y administración del organismo conducido por Alejandra Gils Carbó. La procuradora había sido convocada para la semana próxima, pero la cita se postergaría por un pedido de prórroga para responder por escrito las preguntas de los legisladores.
La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación se subió al ring y dio el primer golpe contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Los diputados y senadores recibieron a diferentes funcionarios judiciales, quienes expusieron sobre las presuntas "irregularidades" en el funcionamiento y administración del organismo.
La convocatoria se originó por un pedido del boque Cambiemos, con el objetivo de que se determinen los criterios aplicados para la selección de los titulares de procuradurías y unidades especializadas, como así también los traslados de fiscales y el manejo de los recursos humanos y financieros.
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF, Carlos Rívolo, quien fue requerido por los legisladores para exponer sobre los concursos y designaciones de fiscales federales en diferentes jurisdicciones del país.
Los diputados de Cambiemos cuestionaron los nombramientos de los titulares en General Pico, La Pampa; Goya, Corrientes; Tartagal, Salta; y Santiago del Estero, argumentando que las leyes que los habían creado disponían que se implementarían "una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario" y que "sólo tomarán posesión de los mismos cuando se de la condición financiera".
Rívolo criticó los nombramientos en "cargos inactivos" y los "traslados" de funcionarios. “Las jurisdicciones no tenían asiento físico, pero se designaron a sus representantes”, indicó.
“La designación es un acto complejo-constitucional en el cual interviene el Senado y, posteriormente, el Poder Ejecutivo”, explicó el fiscal y se preguntó: ¿Cómo un acto administrativo puede pasar por encima estas cuestiones?”.
A su turno, el fiscal Guillermo Marijuan expuso sobre la intervención de ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella y a su ex segundo Omar Orsi en la causa “Báez”. Gonella y Orsi fueron procesados por el delito de "prevaricato" tras haber omitido a Lázaro Báez y sus familiares en el primer dictamen en el que se impulsó la acusación.
El día de la emisión del programa televisivo que mostró cómo se contaban millones de dólares en la financiera conocida como "La Rosadita", el fiscal natural era Marijuan, pero se encontraba de vacaciones y en su reemplazo actuó Ramiro González.
En ese escenario, el fiscal relató que "Gonella y Orsi intervinieron en la causa como miembros de la PROCELAC" y “limitaron” el requerimiento de instrucción a Federico Elaskar y Leonardo Fariña. A su regreso, Marijuan amplió el dictamen acusatorio e incluyó a Báez y sus familiares, entre los imputados. “Era inédito que aparezcan así de la nada a meterse en una causa que estaba en trámite”, sostuvo el fiscal.
Marijuan recordó que, poco tiempo después, Gils Carbó lo desplazó de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), que ocupaba desde 2002. “No se me expresaron los motivos por los cuales se me desplazaba”, concluyó.
Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, se sumó a las críticas y relató los casos en los que él tuvo que intervenir. También mencionó una serie de denuncias efectuadas contra la titular del MPF.
A continuación, el fiscal Raúl Omar Plee opinó sobre el manejo de los recursos humanos del organismo. Al respecto, Plee contó que solicitó, en reiteradas ocasiones, la asignación de "mayor dotación en su Fiscalía", pero advirtió que “nunca recibió respuesta” por “no ser adherente a Justicia Legítima”.
“En las Fiscalía N°1 y 4 de Casación tenían una desproporcionada asignación de cargos”, sostuvo Plee y añadió: “Existió asignación arbitraria de personal”.
Por último, el ex procurador interino Santiago González Warcalde dio su punto de vista sobre las modificaciones en el reglamento de concursos de oposición y antecedentes para la designación de fiscales, particularmente en relación a la integración de los jurados.
En 2012, Warcalde cambió el régimen y estableció el mecanismo de “sorteo público” para la conformación del jurado evaluador. Sin embargo, en el mismo año, Gils Carbó dejó sin efecto la reforma, alegando “el carácter transitorio y excepcional” de Warcalde.
“Gils Carbó anuló todas mis decisiones, entre ellas la designación de 600 agentes en la Procuración General. Ningún empleado vino de afuera, era toda gente interina desde hace años”, advirtió Warcalde.