Nace el FBI judicial

La idea de conformar un símil al Federal Boureau of Investigation (FBI) el organismo estadounidense dependiente del Departamento de Justicia que se encarga de llevar adelante las investigaciones de los delitos federales siempre estuvo entre las autoridades argentinas, incluso se han presentado en el Congreso diversos proyectos de ley en ese sentido.

Actualmente, y con el objetivo de combatir el Crimen Organizado y los Delitos Complejos, crece la idea de sumarle facultades a la Dirección especializada que funciona en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, federalizarla, con sede en las distintas provincias e incorporar tecnología.

Hay contactos entre diversos sectores políticos y jueces federales para ampliar las facultades de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DICOM), que desde 2016 depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De hecho, el próximo martes 6 de junio se llevará adelante una reunión en el ámbito del Senado de la Nación, en la que jefes de bloques parlamentarios y magistrados debatirán sobre el funcionamiento del organismo.

Se incorporan fuertes avances tecnológicos en un tema en el que los tribunales siempre estuvieron rezagados y dependían de la colaboración de otros organismos del Estado para investigar. Este paso impulsado desde la Corte, pretende poner las cosas en su lugar: las investigaciones judiciales se desarrollan en el Poder Judicial.

Fuentes consultadas le adelantaron a Diario Judicial que en la reunión se tratarán políticas tendientes a su federalización, con el objetivo de acelerar aún más los procesos en pos de combatir este tipo de delitos complejos. La implementación de "pequeñas sedes" de la DICOM en cada provincia, pero todas ellas dependientes de la oficina central que seguirá en la Ciudad de Buenos Aires, parece será el próximo paso en materia procedimental.

Actualmente, en una investigación realizada por jueces con jurisdicción en las provincias, el procedimiento se inicia con la remisión, por parte de un magistrado actuante de una solicitud para intervenir determinado número a la Dirección de Captación de Comunicaciones, tras lo cual se procede a la escucha.De implementarse la iniciativa, la cercanía entre los organismos jurisdiccionales y las futuras "direcciones de captación" haría más expedita la ejecución de estos procesos, que muchas veces pueden salvar la vida de personas, por ejemplo en casos de secuestros extorsivos.

De la “Ojota” a la DICOM

La Oficina pasó de una mano a otra en los últimos años. Hasta el año 2014 era manejada por la Secretaría de Inteligencia, pero tras la reforma efectuada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección de Observaciones Judiciales (la famosa “Ojota”) pasó a la órbita de la  Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la de la Procuración General de la Nación, donde adoptó el nombre de “Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM)”.

Pero a fines de 2015 y con el cambio de color político en el Poder Ejecutivo, el control de las escuchas judiciales pasó de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. La decisión se hizo oficial con la rúbrica del Decreto 256/2015 del 24 de diciembre de 2015, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispone la transferencia del DICOM del Máximo Tribunal de Justicia. El Decreto se encarga de aclarar que el DICOM “será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.

El fundamento para quitarle las escuchas a la Procuración, comandada por Alejandra Gil Carbó, una “enemiga pública” del oficialismo, fue para que “la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación”.

En ese diciembre caliente, que incluyó la tacha de inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo por parte de Gils Carbó por entender que “elude el debate parlamentario sin justificación válida", la Corte paró la pelota y abrió un compás de espera para recibir a la DICOM. “Es necesario crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar suscribir los oficios las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones”, aseguraron en ese momento los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

La creación de la DICOM

En uno de sus primeros acuerdos de 2016 y aún sin la renovación en su integración con las llegadas de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema aceptó  la transferencia "del"  DICOM y lo rebautizó como “Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación”, manteniendo la misma sigla, siendo ahora "la DICOM"

La Acordada 2/2016, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, dispone que la DICOM “tendrá autonomía de gestión” respecto de la Corte y sus autoridades tendrán “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos dispuestos en esta acordada”.

En ese mismo acto y tras un sorteo, se designaron a las autoridades del órgano, que esta a cargo de un juez penal con rango de camarista y también cuenta con un director y cuatro subdirectores, más un organismo de auditoría, que depende de la Corte. El titular de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, acompañado por el presidente de Ia Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, fueron los nombres designados al frente de la DICOM.  

Con relación a ese punto, en su acordada la Corte dejó en claro que iba a mantener facultades para modificar la estructura del organismo mediante acordadas, y que podía revocar el mandato de sus autoridades “si se detectaran incumplimientos graves basados en informes de auditoría”.

Asímismo, un día después de la suscripción de la Acordada, la Corte dictó la Resolución 123/16 donde designa al actual Director de la DICOM Juan Tomás Rodríguez Ponte, un funcionario de acreditada trayectoria en los tribunales federales.

Las funciones de la DICOM

Conforme dice el texto de la Acordada que la crea, la DICOM tiene como objetivo dar trámite al cumplimiento de las medidas “referentes la interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales los del Ministerio Publico Fiscal”, y para ello deberá cumplir con principios como transparencia y confidencialidad, minería de datos -“la cual consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso procesal posterior”- y nuevas tecnologías de investigación.

Modificaciones ulteriores

Luego del traspaso de competencias, la Corte continuó con las modificaciones internas del organismo. Una de ellas se materializó mediante la Acordada 30/16, que crea la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación", organismo del cual dependerá posteriormente la DICOM.

Según el texto, dentro de esta Dirección funcionará la "Oficina de Captación de Comunicaciones", con las funciones que fueron transferidas por decreto 256/2015, a cuyos efectos asume las competencias específicas de la "Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación". Un nuevo bautismo para la ex Ojota. El fundamento del nuevo cambio, esta vez, obedeció a la necesidad de “reforzar y ampliar” sus competencias “mediante la transformación de su estructura, manteniendo el marco de la autonomía de gestión que le ha sido conferida”.

El objetivo de la nueva Dirección es el de auxiliar a las autoridades judiciales en causas complejas de crimen organizado,  “tomando como punto de partida inicial los instrumentos de análisis criminal en materia de telecomunicaciones” ya desarrollados por la DICOM. Esta Dirección especial intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes, precursores químicos, trata explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos en el marco de delitos complejos, crimen organizado de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.

Llegó 2017 y con ello una nueva modificación de la estructura interna del organismo. Tras un decreto del Poder Ejecutivo – el 102/2017-  se reformó el Decreto que transfirió la DICOM de la Procuración General a la Corte Suprema en lo que hace a las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial, que pasa a tener a cargo a dos jueces penales con rango de Juez de Cámara, que actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años. Además, transcurridos los tres años, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General y se deberá sortear un nuevo Subdirector. En los hechos, significa para el juez Leal de Ibarra un virtual mandato por seis años.

Tras la sanción del decreto, llegó la respuesta de la Corte acatando la disposición del Ejecutivo. El Tribunal, mediante Acordada 13/17, del último 23 de mayo, resolvió prorrogar los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra por tres años, a contar desde la fecha de publicación del decreto presidencial – el último 14 de febrero-. En otros términos, el juez Irurzun estará al frente de la Dirección hasta febrero de 2020, cuando le cederá su lugar a su colega Leal de Ibarra, quien pasará al frente de la misma hasta 2023.