La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio que amplía las facultades de la Oficina de Captación de Comunicaciones. Ahora, la ex "Ojota", encargada de las escuchas judiciales, podrá acceder a datos de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y también bases de datos personales.
La Oficina de Intervención de Comunicaciones, más conocida como “Ojota”, tendrá más facultades en el marco de sus investigaciones a la hora del entrecruzamiento de datos en virtud de un convenio celebrado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación – de la cual depende- y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El primer paso se dio en abril, con la firma de un Convenio entre el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de la cartera de Justicia, Germán Garavano, que tiene como objetivo “acordar la realización de actividades de cooperación, colaboración e implementación de políticas públicas referidas al combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves”.
Por el lado del Ministerio, el órgano encargado de ejecutar el Convenio es la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a cargo del abogado Félez Marteau, mientras que por el lado de la Corte, hará lo propio la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, comandada por el camarista federal Martín Irurzun.
Según el texto, al que accedió Diario Judicial, las tareas serán tendientes a desarrollar, “en forma conjunta, programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación y de investigación, y fortalecer las relaciones institucionales, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés”.
En ese marco se inscriben las tareas de “Big Data” que incluye la elaboración de un mapa de riesgos que incluirá el análisis de causas “judiciales, sentencias, estadísticas, documentos de análisis, buenas prácticas y metodologías para la investigación en materia de crimen organizado y terrorismo”, la conformación de Protocolos de Actuación y el Acceso a las bases de datos de los organismos dependientes del Ministerio, por medio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado – que es un organismo con autonomía de gestión que depende de la Corte, y del cual, a su vez, depende la “Ojota”- .
Entre las bases de datos se incluyen las de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal; la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, la de Protección de Datos Personales; la de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal, la del Registro de Reincidencia, la Inspección General de Justicia y la Procuración del Tesoro de la Nación, entre otros. Según reza el convenio, el Ministerio de Justicia “prestará a esa Dirección un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases descriptas”.
El Convenio está “abierto” a la incorporación de nuevas actas o convenios complementarios para llevar adelante los objetivos propuestos. Está la idea de centralizar las bases de datos para agilizar las investigaciones de delitos complejos y, de esa manera, en lugar de remitir oficios de informes a cada una de las oficias, los magistrados a cargo de las investigaciones podrán dirigirse a una sola dependencia a fin de hacerse con los datos necesarios para avanzar en las pesquisas.
Se elaboró un borrador sobre uno de los protocolos de actuación, que sería revisado a un comité de expertos, conformado, entre otros, por los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres y el camarista de Casación Federal Mariano Borinsky, los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano y el fiscal General Raúl Pleé.