La Corte en Ojotas

Finalmente, después de idas y vueltas y una prórroga a último momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacerse cargo de la atribución que le dio el Poder Ejecutivo Nacional, y en una acordada firmada este lunes, creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, que funcionará en el mismo edificio de Avenida de Los Incas, como lo venía haciendo desde su creación.

La Acordada 2/2016, suscripta por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, determinó que eI organismo “tendrá autonomía de gestión” respecto del Máximo Tribunal, y sus autoridades tendrán “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos dispuestos en esta acordada”. Igualmente, la Corte mantendrá facultades de modificar la estructura del organismo mediante acordadas, y de revocar el mandato de sus autoridades “si se detectaran incumplimientos graves basados en informes de auditoria”.

El Tribunal creó una nueva estructura para el órgano, que pasará a estar bajo la dirección del presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien fue desansiculado luego de un sorteo. En caso de licencia, la vacante la ocupará Javier Leal de Ibarra, presidente de Ia Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

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Precisiones

La acordada fija entre los objetivos de la Dirección el de dar trámite al cumplimiento de las medidas “referentes la interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales los del Ministerio Publico Fiscal”, y para ello deberán cumplirse principios como el de la promoción de la transparencia “de los actos acciones de su incumbencia fijar un sistema eficiente de control”.

El Tribunal además propone que la capacitación de operadores jurídicos “respecto de los métodos más eficientes de intervención la evaluación de la oportunidad duración de las intervenciones”.

“Se pretende la colaboración directa en expedientes determinados requerimiento de los diferentes magistrados respecto de delitos complejos organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano. El personal especializado podrá colaborar en forma directa en las dependencias asistir en forma remota”, declara la Corte.

Respecto de la “minería de datos”, la acordada establece que se buscará” actualizar la modalidad. En especial, establecer como método alternativo de colaboración con los operadores jurídicos el proceso que intente descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos”, como también “la utilización de la mejor tecnología disponible en minería de datos, la cual consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso procesal posterior”.

La Corte también fija un apartado especial en relación a las “nuevas tecnologías de investigación” y la relación de la dirección con las compañías telefónicas.

“Se procurará la actualización de la tecnología disponible la incorporación de métodos alternativos de intervención referidos los nuevos modos de comunicación en estrategias delictivas”, adelanta la acordada.

Con relación a las telefónicas, el texto dispone que “se procurará la actualización de la tecnología disponible la incorporación de métodos alternativos de intervención referidos los nuevos modos de comunicación en estrategias delictivas”.

Estructura de gobierno

Según indica la acordada, eI organismo estará cargo de un juez penal con rango de Juez de Cámara por un periodo de un afín, no renovable, y contará además con un director y cuatro subdirectores. Existirá, asimismo, un organismo de auditoría, que estará a cargo de la Corte.

La dirección funcionará con Ias partidas presupuestarias asignadas los recursos financieros transferidos por el Tesoro Nacional en el marco de la Ley de Autarquía del Poder Judicial de la Nación, y su personal deberá ser contratado dentro del Poder Judicial de la Nación con las partidas presupuestarias asignadas.

La historia

La muerte del fiscal Nisman significó un sismo institucional para el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Tanto fue así que, poco más de una semana de su muerte, la ex mandataria anunció un proyecto de modificación de la antigua Ley de Inteligencia Nacional, la N° 25.520.

La Ley 25.520, sancionada a fines de febrero de 2015, creó la Agencia Federal de Inteligencia, y dispuso, en lo que interesa, el pase de la oficina que se encarga de realizar las escuchas telefónicas, desde la Secretaría de Inteligencia -antecesora de la AFI- al ámbito de la Procuración General de la Nación.

La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) – y conocida como “OJ”, a la que había definido como “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”, pasó entonces al área de la Procuración, donde la Resolución N° 2067/15, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso la incorporación de la Dirección de Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM))

Conforme indica el Ministerio Público Fiscal, el Dicom tiene como tareas “Interceptar y registrar las comunicaciones cuando se dan los supuestos legales que habilitan este tipo de medidas”; “Distribuir el material producido a raíz de la interceptación para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales requirentes”; y “facilitar la realización de escuchas directas con personal que tiene bajo su dirección funcional para casos urgentes o por disposición de la autoridad judicial”, entre otras.

Cambio de gobierno, cambio de oficina

Hasta diciembre de 2015, el Dicom continuó funcionando como lo venía haciendo desde marzo, pero con el avenimiento de la gestión del nuevo jefe de Estado, Mauricio Macri, se dispuso un cambio en su estructura organizacional.

El 29 de diciembre de 2015,  por medio del Decreto 256/2015, el presidente ordenó la transferencia del DICOM a la órbita de la Corte Suprema, que será “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.

El decreto fundamenta el cambio en que resulta más prudente, “teniendo en miras el debido proceso legal”, que “la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación”. Es decir, al ser el la Fiscalía una parte del proceso, es mejor que las escuchas se encuentren bajo otra dependencia.

“El control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación”, señala el decreto.

El Ejecutivo, además, encomendó a la Corte el dictado de un reglamento sobre las nuevas funciones, y el deber de establecer que "la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de un juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de un año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de cinco años".

La Corte acusó recibo y aplicó sus tiempos

Poco después, y en medio de críticas por parte de la Procuración, que calificó de inconstitucional la decisión del Ejecutivo “pues elude el debate parlamentario sin justificación válida", en el último acuerdo del año, la Corte decidió, a través de la Acordada 45/15, postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia dispuesta por el decreto 256/2015.

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, argumentaron que para poder dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto, “es necesario crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar suscribir los oficios las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones”, de igual modo que se requiere “el dictado de la reglamentación encomendada”.

“La adopción de las medidas recientemente descriptas debería ser inmediata en razón de que los cometidos cargo del organismo que se transfiere exigen una respuesta pronta eficaz acorde con la índole de los requerimientos judiciales en la materia. El Tribunal entiende que no es posible llevar adelante de inmediato esa misión, dada su importancia especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos materiales así como una prolija tarea reglamentaria una ordenada transición”.

La Corte, igualmente, trató de prevenirse de las posibles impugnaciones al decreto y al final de los considerandos de la acordada, dejó en claro que lo expresado lo era “sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales”.

El 15 de febrero llegó y con él la aclaración del asunto, la Corte se calzó la “Ojota".