En el marco de la ejecución de la sentencia dictada en autos "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza-Riachuelo)", el Máximo Tribunal de Justicia remitió a la Cámaras de Diputados y la de Senadores un informe sobre el control de los contratos celebrados o a celebrarse "en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas (a cargo de AySA, ABSA y ENOHSA) y del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su nivel de ejecución presupuestaria”, elaborado por el juez federal Sergio Torres, designado por la Corte para llevar adelante la ejecución del fallo. Entre otros puntos, el informe detalla que el Juzgado de Torres ordenó que las cuatro obligadas (AySA, ABSA, ENOHSA y CEAMSE) "hicieran saber todas las obras encaradas que tuvieran vinculación con el PISA. Igual información se requirió de la Autoridad de Cuenca en relación a aquellas, en el entendimiento de que ésta contaba con datos propios de esas acciones u obras".