En la víspera de la discusión en el Senado por el proyecto de matrícula federal, Diario Judicial recoge los pronunciamientos de distintos colegios de abogados sobre la iniciativa que propone una nueva modalidad para el ejercicio de la abogacía ante Tribunales Federales y la Corte Suprema. El CPACF denuncia que se quiere “privatizar” la matrícula. Este lunes el presidente de la FACA salió a defender el proyecto
El próximo martes el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación discutirá el proyecto de ley de “matrícula federal” y Diarfio Judicial se adelante al debate, recogiendo las opiniones que dieron distintos colegios profesionales a la hora de pronunciarse sobre el proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado.
El principal “enemigo” de la iniciativa, que en lo principal dispone la creación de una matrícula especial para los letrados que litiguen ante los Tribunales Federales y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que será entregada por los colegios profesionales respectivos, bajo la “coordinación” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que engloba a casi 100.000 matriculados.
Este lunes, en una carta de lectores publicada en el diario La Nación, el presidente de la FACA, Eduardo Massot, salió a defender el proyecto, que a su entender “tiene por objeto crear un registro confiable de abogados matriculados ante la justicia federal y un padrón depurado y transparente para las elecciones del representante de los abogados del interior del Consejo de la Magistratura”.
Para Massot, la matrícula federal “no implica el pago de costos adicionales respecto de la matrícula local, que seguirá siendo otorgada por cada colegio local de acuerdo con las leyes provinciales que rigen y permitirá a los abogados del interior litigar con una sola inscripción en la matrícula federal”, lo que evita “los costos de la doble matriculación en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal”.
“Tan sólo confiere a la casi centenaria Federación Argentina de Colegios de Abogados, que reúne a más de 80 colegios del país, el ejercicio de ciertas limitadas funciones públicas, que se suman a otras ya delegadas por leyes nacionales, como la integración del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”, aseguró Massot.
El presidente del CPACF, Jorge Rizzo, denunció que con el proyecto, que había sido aprobado en diputados en octubre de 2016 y desde ese momento no tuvo más “movimiento”, lo que se propone es “la privatización de la matrícula Federal”, porque se le dan facultades de control a la FACA, que es una entidad privada.
En octubre de 2016, cuando se presentó el proyecto, el CPACF publicó una solicitada en el diario La Nación denunciando que la FACA es una federación, “a la sazón, una Asociación Civil sin fines de lucro y por ende, con afiliación de carácter estrictamente voluntario, que jamás llevó adelante ninguna estrategia que defienda las incumbencias profesionales, los honorarios ni cualquier otra cuestión atinente a nuestra profesión, pretende hoy avasallar las autonomías de las provincias que componen la República así como la de la Ciudad de Buenos Aires”,
En la misma sintonía se habían pronunciado, al momento de discutirse el proyecto en la Cámara Baja, Colegios de Abogados de distintas Departamentales de la provincia de Buenos Aires, como los de La Matanza, Avellaneda-Lanús, Quilmes, San Martín Lomas de Zamora, Moreno General Rodríguez, que criticaron que se le conceda a la FACA un “rol organizativo y preponderante, por tratarse de una entidad de derecho privado y asociación involuntaria”.
Sin embargo, celebraron que el proyecto permita que el otorgamiento de las matrículas se delegue a los colegios locales, como así también la iniciativa de instar la creación de Colegios de Abogados en las Provincias de Chaco y Santa Cruz, únicas dos provincias en donde la matrícula para ejercer la abogacía es otorgada por los Tribunales Superiores de Justicia, aunque existen distintas entidades que reúnen a los profesionales del derecho.
En Chaco, los representantes de los Colegios de Abogados de Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela, San Martín, y del Norte –Castelli, representados por los letrados Diego Sebastián Gutiérrez Edgardo Reguera, Carlos Pignata, Miguel Feldmann y Oscar Trojan, manifestaron en un comunicado su “profunda preocupación por el inminente tratamiento del proyecto en sesión conjunta (plenario) el próximo martes 27 de junio de dos comisiones del senado, la de justicia y asuntos penales y la de Hacienda y Presupuesto, convocando a manifestarse por todos los medios disponibles, a efectos de que no se convierta el ley este gravámen innecesario, que solo busca hacer caja para una institución privada”.
En declaraciones a medios locales, el presidente del Colegio de Resistencia dijo que la puesta en marcha de la iniciativa “tendría todas las desventajas de una privatización, es decir, el encarecimiento de la justicia federal a costa del bolsillo de los colegas, sin que al mismo tiempo los abogados veamos alguna mejoría en un servicio que dista de ser el mejor”, mientras que su colega de Sánez Peña refirió que “en el Chaco, la ley 7524 de ejercicio de la profesión de abogados, reconoce a siete instituciones, de las cuales cinco estamos en contra del cobro de suma alguna de dinero para ejercer la matricula en la justicia federal”.