Matrícula federal: la pelea del siglo

El proyecto de ley que exige para el ejercicio de la profesión de abogado ante la Justicia Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación la inscripción en una “matrícula federal” que otorgarán los colegios profesionales respectivos y que estará bajo la “coordinación” de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) salió sorpresivamente de un letargo de ocho meses tras la media sanción en Diputados y el próximo martes se discutirá en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda

La noticia cayó mal en el seno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyo presidente, Jorge Rizzo, salió con los tapones de punta: denunció que los letrados están siendo víctimas de un “ataque sistemático”, anunció que el CPACF será parte el debate en el plenario de las comisiones, y no descartó el inicio de acciones judiciales.

“Las mafias de los saca presos, la previsional, la industria de los juicios laborales y de accidentes de trabajo, la feria” enumera el titular del Colegio y de la agrupación Gente de Derecho, para graficar lo que percibe desde la abogacía como un ataque a los letrados y también a los magistrados. “La semana pasada les tocó a los jueces ahora a nosotros. Es parte de un ataque sistemático y sostenido”, denuncia Rizzo.

El presidente del CPACF siente que el mensaje es que jueces y abogados son “el eje del mal para el gobierno”. “Que me explique un juez como los colegios de ley y representantes del federalismo le darán plata y la superintendencia a un organismo privado y unitario como la FACA”, se pregunta Rizzo, que diagnostica que el proyecto no es ni más ni menos que “la privatización de la matrícula Federal”.

De aprobarse la iniciativa, advierten desde el CPACF, crecerá exponencialmente el “poder de policía” de la FACA, tanto en el ámbito de control como en el manejo de la “caja” que significará el financiamiento de la matrícula.

Entre las tareas que le competen a la FACA, por ejemplo, estarán las de  llevar el “registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal” como así también el de la firma digital “y emitirá certificados digitales a favor de los abogados de la matricula federal a través de la autoridad competente”.

Cuando se discutió el proyecto en diputados, la FACA, que engloba a 81 colegios profesionales de todo el país y es hoy comandada por el santafecino Eduardo Massot, defendió la iniciativa por entender que regula la matrícula "con carácter general e igualitario para todos los abogados del país no crea obstáculos para el acceso a la justicia, ni implica más burocracia, ni más trabas ni regulaciones; menos aún establece un superpoder para regular el ejercicio federal”

Si se aprueba  el proyecto, además, los gastos y erogaciones que demande a los Colegios de Abogados y a la FACA la puesta en marcha de las funciones de la matrícula federal, se  financiaran con fondos del Poder Ejecutivo y con una contribución del derecho fijo que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional, que es un aporte que no podrá exceder al medio por ciento (0,5%) del sueldo de un Juez Federal de primera instancia, aunque la alícuota de derecho fijo dentro de esos límites será fijada semestralmente por la Junta de Gobierno de la propia FACA, que también tendrá la facultad de destinar “otros fondos” a “tal fin”. En caso de no pagarse el bono, dice el proyecto, los jueces no proveerán ninguna presentación.

“Es la respuesta de la política a nuestras posiciones en 2 x 1, ART e Industria del Juicio. FACA se cuidó muy bien en esos temas", señalan desde Corrientes al 1400. Para los representantes del CPACF  es una respuesta a los diferentes planteos contra medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, como los sucesivos planteos contra la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y la defensa de los abogados laboralistas en relación al debate sobre la “industria del juicio”, y advierten: “Si no podemos pararla vamos a tribunales”.