Por el incremento de causas de corrupción, la Corte Suprema amplió el Cuerpo de Peritos Anticorrupción. Por medio de distintas resoluciones, el Máximo Tribunal designó nuevos integrantes y abrió concurso para seis puestos más, incluido el de abogados especialistas en lavado de activos.
La Corte Suprema de Justicia, mediante la Resolución 2075/2017, dispuso la ampliación de cargos para el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz justificaron la decisión atento el “incremento de las causas vinculadas con aquellos delitos y la complejidad que conlleva el examen de los elementos ingresados a peritar”.
Por medio de la resolución, la Corte llamó a concurso para incorporar seis nuevos funcionarios, de que se sumarán a los diez previstos originariamente en 2014, cuando se creó el cuerpo especializado.
Se trata de cuatro cargos para perito contador, dos con especialización y práctica en administración pública, administración financiera del sector público o administración y contabilidad pública, otro con especialización y práctica en mercado de capitales y el restante con especialización y práctica en contabilidad internacional.
El otro puesto es para un perito abogado, con especialización en derecho penal económico, criminología o criminalidad económica y “con dedicación comprobable respecto al delito de blanqueo de capitales y demás delitos económicos y financieros”. El restante puesto es para un perito ingeniero en sistemas de información o informática.
Los últimos puestos vacantes fueron cubiertos recientemente mediante la Acordada 21/2017, por la cual se designa en el cuerpo a los ingenieros civiles Francisco Guzmán, Eloy Pablo Bona -con especialidad en vías de comunicación- y Rafael López Cabanillas -con especialidad en vías de comunicaci6n- y al ingeniero en sistemas de información Maximiliano Bendinelli.
Según recuerdan los supremos, en 2014 se creó el cuerpo, compuesto por diez expertos que deben reunir los requisitos para ser peritos ante la Corte y que serán designados por concurso. El cuerpo actúa a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y según su Reglamento General “su objeto es el auxilio específico a los órganos jurisdiccionales de Ia justicia penal, en los casos en los que se investigue Ia comisión de delitos de corrupción y delitos contra Ia administración pública”.
"Es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción”, había afirmado el Máximo Tribunal al momento de la creación del Cuerpo de Peritos Anticorrupción.