La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) manifestaron su preocupación frente a las recientes declaraciones de referentes del oficialismo nacional con respecto a la posibilidad de iniciar un procedimiento para remover por decreto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Mediante un comunicado, las organizaciones civiles expresaron que "implicaría un inaceptable avasallamiento institucional sobre el Ministerio Público Fiscal y una violación al principio de división de poderes". De este modo, destacaron que es "trascendental la función del MPF" como órgano encargado de la política criminal del país, y que "está resguardada constitucionalmente a través de la independencia y autonomía del organismo, que no pueden ser quebrantadas por una decisión discrecional del Poder Ejecutivo Nacional".