El tribunal, en realidad, adoptó tal temperamento no sólo por aquella decisión del juez Bonadío –denunciada ayer ante la Cámara por el periodista Thomas Catán— sino por las declaraciones formuladas por el magistrado en el transcurso de un reportaje telefónico que le realizó una periodista del diario La Nación.
Esa decisión fue adoptada en la misma jornada en que Catán resolviera desistir de la acción de amparo presentada ayer para evitar la medida, al tomar conocimiento que Bonadío ya había ordenado a la SIDE que le remita esa información referida a las llamadas telefónicas. En cambio resolvió apelar la medida a la vez que advirtió que “yo y el Financial Times responsabilizamos al doctor Bonadío por cualquier filtración que haya de esta lista”.
Por su parte Bonadío se negó a opinar por la decisión adoptada por el tribunal pero voceros de su juzgado dejaron trascender que el magistrado está dispuesto a “dar pelea” ya que consideraría que se trata de “una operación montada en su contra” de la que responsabiliza también a un estudio jurídico de esta capital.
En un pronunciamiento de cuatro carillas, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Gabriel Cavallo (los otros dos jueces se encuentran en uso de licencia y el sexto puesto está vacante) advirtieron que las declaraciones de Bonadío “constituyen una manifestación grave de desprecio por las garantías constitucionales básicas, altamente preocupantes por provenir de quien debería tener clara conciencia de su condición de principal garante de su preservación”.
En la entrevista, Bonadío había manifestado que “los derechos de los individuos, independientemente de su profesión, tienen que ceder frente a hechos de gravedad institucional como el investigado en esta causa”, en alusión a la decisión que adoptó en el expediente en el que se investiga el presunto pedido de sobornos por parte de legisladores a un grupo de banqueros para evitar la sanción de una ley por la que se creaban un fondo destinado a los trabajadores bancarios desocupados.
Bonadío también afirmó que “sobre el privilegio de secreto profesional prima mi deber de encontrar la verdad” y que “no podemos ampararnos en cuestiones formales y no castigar a quienes hayan sido responsables de un acto tan grave para el país”.
“Se advierte de sus manifestaciones una suerte de creencia sobre la disponibilidad de las garantías constitucionales, discrecionalmente establecida por el juez, que permitiría arrasar con los derechos de los imputados o, inclusive, de eventuales testigos”, expresó la Cámara en un duro pronunciamiento.
Asimismo, advirtió que “el reconocimiento del derecho a no revelar la fuente de información, como todos los que integran el orden jurídico positivo, constituye, en términos prácticos, un instrumento al servicio de la sociedad, como contenido de la forma republicana de gobierno, y no una garantía de inmunidad a favor de una determinada corporación profesional”.