La polémica por la toma de los colegios secundarios porteños llegó a la Justicia. El fiscal que tiene a cargo la causa advirtió que los padres pueden tener "responsabilidad penal" por el accionar de sus hijos.
Varios colegios porteños permanecen sin clases por las “tomas” en rechazo a una reforma educativa. Los alumnos objetan la iniciativa "Nueva Secundaria", que modifica los planes de estudio y establece prácticas laborales obligatorias.
En este escenario, la Justicia comenzó analizar la responsabilidad penal por la medida de fuerza. Así, el fiscal de la ciudad Carlos Rolero Santurian advirtió que los padres pueden tener "responsabilidad penal" por el accionar de sus hijos.
"Hay que tener en claro lo siguiente: El delito de usurpación es un delito que tiene una pena de expectativa de tres años, y la edad de las personas es de 16 y 17 años y son imputables para este delito", afirmó en diálogo con radio La Red.
De este modo, señaló que puede haber una responsabilidad de los adultos "desde el punto de vista penal, no es una cuestión patrimonial ni nada por el estilo", y añadió: "Se estaría configurando la posible comisión de un hecho ilícito y por eso sigo instruyendo las actuaciones, si no creyera eso no seguiría con las actuaciones".
En la misma línea, el ministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó que las tomas de escuelas secundarias porteñas constituyen "una ilegalidad", y opinó: “Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros”.
Garavano también rechazó el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, Cabe recordar que la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 suspendió recientemente la aplicación del instructivo difundido a las autoridades educativas por el GCBA para “el caso de toma de establecimientos educativos por estudiantes”.
“Para mí es un error. La jueza tiene varios pronunciamiento en este sentido que yo no comparto. El fallo me parece desacertado porque no se trata de reprimir a los alumnos, sino de algo ilegal, irregular", concluyó el titular de la cartera de Justicia.